Se implementa la oralidad a todos los juzgados de la provincia con competencia Civil y Comercial

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio por concluido el plan piloto y aprobó la implementación definitiva del proceso oral en todos los Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, a partir del 15 de septiembre de 2021.

El plan piloto comenzó a llevarse a cabo en febrero de 2019, en virtud del convenio de colaboración suscripto entre el TSJ, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El objetivo de la iniciativa era generalizar la oralidad en el proceso civil en la provincia “con el objeto de aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales, reducir los plazos totales del proceso de conocimiento y aumentar la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia civil”.

Hasta el momento, 43 juzgados Civiles y Comerciales aplicaron la oralidad civil efectiva sobre un total de 82 existentes en la provincia. La Secretaría Civil y Comercial del TSJ elaboró un informe sobre los resultados de la Oralidad efectiva en los procesos civiles y comerciales, obtenidos a 30 meses de su inicio.

Según este relevamiento, se celebraron 1791 audiencias en procesos civiles y comerciales con presencia efectiva del juez; se concilió en el 24,4% de las audiencias preliminares y en el 19,9 % de las audiencias complementarias celebradas. Estos resultados superaron ampliamente las metas propuestas.

Asimismo, se concluyeron 1124 juicios, de los cuales el 69,6% del total fueron resueltos por acuerdo; y el 74,3% de las audiencias complementarias fueron realizadas en menos de cuatro meses desde la celebración de la audiencia preliminar.

También se elaboró un Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral que estableció como objetivo la reducción de la duración del proceso en todas sus instancias, inmediación del juez, favorecimiento de la conciliación de los conflictos, mejora en la calidad de las resoluciones que se dicten, todo ello, con miras a alcanzar una más eficiente prestación del servicio de justicia.