Aunque junto al lago Piedras Moras reine una tranquilidad que contrasta con aquellas postales del verano, su explotación comercial sigue haciendo ruido en Almafuerte.

Desde la oposición están lejos de conformarse con las explicaciones oficiales, como las que hizo recientemente en este medio el subsecretario de Ambiente, Ever López.

“No vamos en contra de la ley”, había asegurado, descartando cualquier impacto ambiental que puedan generar los emprendimientos junto al espejo de agua y atribuyó el origen de la polémica instalada, a motivaciones políticas.    

Un rechazo total a tales declaraciones, expresó Jorge Ispani, vocal del Tribunal de Cuentas, en representación de la primera minoría (Hacemos por Almafuerte).

“Este funcionario municipal no tiene ningún tipo de capacitación formal o profesional en materia ambiental”, arremetió Ispani. Para el abogado, por la envergadura que conlleva el proyecto del Tigero Group, sobre la exPlaya Amarilla, no se puede descartar un impacto ambiental.

También cuestiona al titular de Ambiente, en su referencia al “nuevo sistema de cloacas” de los paradores, afirmando que no fue analizado ni aprobado por el Concejo Deliberante.

A su vez, Ispani hace otra interpretación de la resolución de APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia), que a su juicio, es el único elemento administrativo legal que para las autoridades municipales, sustenta la licitación pública en el Piedras Moras.

Como abogado especializado en Derecho Público Provincial y Municipal Administrativo, Ispani afirma que la Resolución 209/20 de APRHI, de ninguna manera puede interpretarse como una autorización para la explotación comercial, mantenimiento, remodelación y ampliación de los paradores del complejo turístico Piedras Moras.

Según manifiesta, la misma cambió drásticamente el permiso de explotación turística. “Ahora los paradores no pasarán a propiedad del Municipio nunca, el plazo del permiso es de tres años y puede dejarse sin efecto en cualquier momento, la Municipalidad de Almafuerte es la única responsable de los daños y perjuicios y también deberá pagar un canon por el permiso de uso”, explicó. El plazo de dicho permiso, finaliza el 28 de diciembre de 2023, precisó Ispani.

El tribuno insiste en que los diez espacios concesionados por la Municipalidad, en forma previa a la ejecución deberán gestionar y obtener los visados pertinentes de APRHI y Secretaria de Ambiente de la Provincia. “No alcanza con iniciar el trámite sino que debe tener los visados y permisos finales. Ante el incumplimiento de estas disposiciones, tanto la Municipalidad como los potenciales terceros licenciatarios, serán pasibles de multas y hasta se podrá declarar la rescisión del permiso precario de uso, debiendo en este caso devolver los espacios en 30 días, sin indemnización alguna y todas las construcciones, modificaciones o mejoras pasaran a propiedad de la APRHI”.

En este marco, Ispani asegura que los proyectos del lago no tienen la aprobación para su ejecución y con ello para funcionar. Desde su punto de vista, esto coloca a la Municipalidad en serio riesgo de tener que afrontar las consecuencias perjudiciales que los nuevos concesionarios pudieran sufrir ya que firmó contratos, estableció plazos de explotación que están en riesgo de no ser cumplidos”. En ese sentido, recordó que estableció un plazo de 10 años de concesión, pero APRHI dio permiso por tres años, constituyendo una “contradicción tremenda”.

Por otra parte, recuerda que la Secretaría de Ambiente de la Provincia aún no se ha pronunciado sobre los proyectos y para dar su autorización debe cumplir con la ley 10.208, que establece la necesidad de convocar a una Audiencia Pública en el procedimiento de análisis.

“La más sencilla de las soluciones hubiera sido esperar que los organismos provinciales aprobaran el proyecto y luego llamar a licitación”, concluyó el exasesor letrado del Municipio, durante la gestión anterior.