Una ráfaga del pasado se coló en la actualidad de la ciudad: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la realización de un nuevo juicio en contra de dos policías que habían sido absueltos por un incendio en el que murieron una madre y su hijo, ocurrido en Río Tercero en 2014.

José Ezequiel Vidaurre y Cristian Gabriel Ahumada habían llegado al juicio en 2018 acusados de doble homicidio calificado por las muerte de Mirta Noemí Selva (53) y Alejandro Villalón (20). Tras el desarrollo del debate los tres jueces técnicos y un jurado popular coincidieron en la absolución de ambos.

Luego de aquella decisión fue presentado un recurso de casación por la Fiscalía y la querella que llegó al máximo tribunal de justicia de la provincia, que ahora ordenó que se lleve a cabo otro juicio.

Aunque aún no hay fecha para el nuevo proceso se sabe que ya no será en la Cámara del Crimen de Río Tercero. Lo más probable en que se desarrolle en Córdoba.

Pruebas
     Si bien no trascendieron demasiados detalles respecto a los fundamentos para la decisión del TSJ, se conoció que se haría referencia a que "importantes pruebas" aportadas durante la investigación que llevó a cabo en aquel momento la fiscal Andrea Heredia Hidalgo, no fueron valoradas durante el debate.

Vidaurre y Ahumada estaban sospechados de haber iniciado un incendio, ocurrido el 3 de noviembre de 2014 en una vivienda prefabricada ubicada en calle San Miguel 970, en barrio Belgrano de esta ciudad.

Ambos policías fueron detenidos dos años después del fatal incendio y en 2018 finalmente se inició el juicio en el que intervinieron los jueces José Argüello, Guarania Barbero y Marcelo Ramognino, junto a un jurado popular.

En los alegatos, el fiscal de Cámara Gustavo Martin había pedido un cambio de calificación y solicitó que se los condenara por incendio agravado por el resultado (las muertes). Solicitó 10 años de prisión para Vidaurre y 11 años para Ahumada. Este delito prevé una pena de ocho a 20 años de prisión. El funcionario judicial había entendido que existían “suficientes pruebas sobre la existencia y participación de los imputados, que tuvieron intenciones de incendiar, pero no de matar”.

Después de ser absueltos y salir de la cárcel de Bouwer donde estuvieron detenidos dos años, Vidaurre y Ahumada no se reincorporaron a la fuerza policial.

Reacciones
    La resolución del tribunal conocida el jueves generó reacciones diversas. Consultado sobre la decisión del máximo tribunal, el abogado de Vidaurre, el letrado Carlos Pajtman, indicó: "Ayer nos fue informada la decisión del TSJ, tengo que reunirme con mi cliente y ver qué pasos seguiremos. Es todo lo que puedo decir hasta ahora".

Al margen de esta novedad judicial que lo involucra, Vidaurre enfrentará desde el próximo 25 de marzo un nuevo proceso: está imputado por la muerte del joven ciclista Aukha Bustos.

“No pensé que se podía lograr que anularan completamente el juicio. Me siento feliz de tener otra oportunidad de que se pueda hacer justicia por mi familia. Nada me los devolverá pero por lo menos quiero que quien hizo esto lo pague”, señaló Natalia Villalón, hija y hermana de las víctimas.

La mujer se constituyó como querellante en la causa, representada por el asesor letrado Alfredo Brouwer de Koning. Al conocer la decisión del TSJ reiteró lo que sostuvo al finalizar el juicio: “Lo que ocurrió acá fue una burla. Yo lo vi siempre así y no pensé que en la Justicia de Córdoba se iban a dar cuenta también. Esta decisión confirma que no estaba equivocada”.

En la madrugada del 3 de noviembre de 2014, alguien arrojó una bomba molotov contra la casa prefabricada de la familia Villalón. A causa del incendio, que se propago rápidamente, fallecieron Mirta Selva y su hijo Alejandro Villalón. Y resultaron con serias quemaduras dos hijos más de Selva, Nahuel y Lucía, que en aquel momento tenían 21 y 12 años. Tiempo después, la investigación de la fiscal Heredia Hidalgo terminó con las imputaciones de los policías, acusados por el presunto delito de homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio. Los uniformados fueron detenidos en diciembre de 2016 y permanecieron presos hasta el juicio en el que se los absolvió. Tanto antes como durante el juicio, los familiares de las víctimas reclamaron de manera pública para que el caso se esclarezca.