El secretario de Gobierno Juan Manuel Bonzano indicó que se analizará si existen incompatibilidades en el nombramiento de uno de los procuradores municipales, quienes son los encargados de llevar adelante los procesos judiciales ante el incumplimiento tributario de los contribuyentes.

Se trata del abogado Gustavo Petrini, esposo de la concejal de Hacemos por Córdoba y también abogada Romina Carezzano. 

En declaraciones al noticiero Somos Río Tercero de Cablevisión, Bonzano manifestó que el área jurídica del Municipio estudia el planteo y enfatizó que cualquier error cometido en la designación se corregirá. 

El funcionario explicó que hay dos normas vigentes en tensión en este tema. Por un lado la Carta Orgánica Municipal prohíbe las contrataciones con el Municipio de personas que tengan una relación directa con funcionarios designados o electos, y por otra parte la ordenanza del organigrama municipal prevé que sí se pueden firmar contratos de locación de servicios por tiempo determinado a pesar de la relación de parentesco. 

“Tenemos dos normativas contrapuestas. Lo que estamos haciendo en un análisis de ambas para tomar una resolución”, manifestó. 

De todos modos, Bonzano atribuyó el planteo a una cuestión “más política que jurídica”, que debe ser atendida, según admitió, para “corregir la situación” si hubo equivocación en el nombramiento. 

El funcionario explicó que los procuradores no tienen sueldo designado sino que perciben los honorarios de los juicios iniciados para el cobro de las deudas tributarias. 

En esta etapa el Ejecutivo nombró a cinco procuradores para reforzar ese equipo de abogados, además de Petrini, David Bergagna, Sergio Torti, Carolina Aguad y María Sol Guidobaldi. Todos de Río Tercero a excepción de Aguad que reside en Córdoba y es hija del exministro de Defensa Oscar Aguad.