
Los juicios fueron abreviados, es decir que los autores reconocen el hecho y acuerdan la pena.
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El hecho ocurrió en noviembre de 2019 y había sido difundido en las redes sociales y denunciado ante la Justicia por la madre de uno de los menores.
Policiales15/08/2020 TribunaLa fiscal de Instrucción Paula Bruera elevó a juicio esta semana una causa en la que están involucrados tres agentes policiales -dos hombres y una mujer- que prestaban servicio en la departamental Calamuchita de la Policía, imputados y detenidos por supuestas vejaciones calificadas contra dos jóvenes de 15 años en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
El hecho ocurrió en noviembre de 2019 y había sido difundido en las redes sociales y denunciado ante la Justicia por la madre de uno de los menores.
Tras practicarse distintas medidas probatorias, se ordenó en esa oportunidad la inmediata detención de los tres policías que fueron imputados como supuestos coautores del delito de vejaciones calificadas, conforme a los artículos 45 y 144 bis inciso 2 del Código Penal.
Durante la investigación se secuestraron teléfonos celulares y filmaciones de cámaras de seguridad en la zona.
Los hechos habrían sucedido en la costanera del río en Santa Rosa. Un móvil habría llegado al lugar y habría sorprendido a un adolescente de 15 años que presuntamente estaba bebiendo. Los policías lo habrían golpeado y luego introducido su cabeza en el río. Los uniformados, según la causa, le habrían dicho al chico: 'Ya te vamos a enseñar cómo comportarte'”. El joven no fue detenido y los policías se marcharon.
En una de las filmaciones secuestradas en el marco de la causa, se ve cuando llega el patrullero al río y cuando se marcha, pero no se observan los hechos denunciados.
Los policías detenidos son el sargento ayudante Gustavo Pereyra López, la cabo Jaqueline Chanquía y el cabo Miguel Chavero.
Luego de la denuncia y posterior detención, los policías fueron puestos en situación pasiva. Esto significa que se les retienen el 70 por ciento de sueldo y el arma reglamentaria, que sólo pueden realizar tareas administrativas y que quedan impedidos también de hacer adicionales legales.
Los juicios fueron abreviados, es decir que los autores reconocen el hecho y acuerdan la pena.
El hecho sucedió en enero paso en la zona rural de Almafuerte.
El homicidio ocurrió el 2 de enero, cuando Jennifer Raymondo, hirió a su padre Atilio, de 63 años, con una arma blanca a la altura de la espalda. Ella misma llamó a la ambulancia y confesó el crimen.
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En una de las causas el acusado deberá indemnizar a su víctima.
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