Por primera vez un fallo judicial hace lugar a una demanda presentada por un vecino de Río Tercero en contra de una empresa del polo químico. Aunque se registran antecedentes en los que la Justicia otorgó razón a los demandantes, se trató en otras oportunidades de empleados de la propia firma o empresas. De quedar firme el fallo sentaría un precedente importante, frente a los incidentes químicos que ocurren en la ciudad.

Esta semana se conoció el fallo de primera instancia de la jueza en lo Civil y Comercial Romina Sánchez Torassa, en el que no solo hizo lugar a la demanda del vecino por daños y perjuicios frente a un escape químico de Petroquímica Río Tercero. La funcionaria también reclamó a la industria evitar estos hechos e informarlos a la comunidad cuando se registren.

El demandante, quien pidió no ser identificado y actualmente ya no reside en Río Tercero, es representado por el abogado riotercerense Nicolás Capellini. El letrado confirmó que la aseguradora Meridional SA, que tiene contratada Petroquímica, apeló el fallo de la jueza Sánchez Torassa, y el caso ahora se dirimirá en la Cámara Civil de los tribunales locales.

El hecho
La demanda presentada por el vecino está referida a un hecho ocurrido el 15 de julio de 2013. El hombre planteó que fue afectado por gases tóxicos y que debió ser internado por tres días. Manifestó que aquella mañana estaba en su lugar de trabajo, en una concesionaria ubicada en Avenida Savio al 400 (a unos 1500 metros en forma recta de la planta química en cuestión) y describió que sintió “un olor muy fuerte”, que luego empezó a sentirse mal, con falta de aire y finalmente terminó hospitalizado, con suministro de oxígeno.

Durante aquella jornada en la planta de Petroquímica se produjo un incidente con gas fosgeno que accionó el sistema de seguridad primario de la firma. Pudo neutralizarse aunque ocasionó una emanación de gases tóxicos que salieron hacia el exterior de la planta. Esos gases estaban conformados por vapor de agua y dióxido de carbono, monóxido de carbono y trazas de ácido clorhídrico.

Al analizar el hecho, la jueza aclaró que se determinó que “el escape de gas fosgeno no existió” como lo planteó inicialmente el demandante. Pero deslizó que “hubo emanación de gases producto del accionar del sistema de seguridad activado por un cambio en la presión de los químicos utilizados”, haciendo responsable a la industria por los daños que le ocasionó al vecino reclamante.

La jueza consideró que “la actividad que realiza la empresa demandada, por su naturaleza es riesgosa, y no sólo debe evitar incidentes de la naturaleza del debatido, sino que debe responsabilizarse socialmente de los posibles daños que ocurran a consecuencia de los mismos”.

Sánchez Torassa exhortó a Petroquímica a “evitar (prevenir) cualquier incidente de escape que puedan afectar la salud y el medio ambiente”. Y destacó que en caso que ello ocurra “deberá arbitrar los medidas para comunicar a la sociedad por los medios masivos de comunicación, sobre la gravedad y los protocolos”. En igual sentido sostuvo que “No puede admitirse que la empresa, por la responsabilidad social que le cabe al manipular agentes de gran toxicidad que puedan lesionar la salud o el medio ambiente, no informe debidamente a la sociedad y en los medios de comunicación con alcance a todos los lugares de posible afectación, de los incidentes que ocurrieren, de su gravedad, de las posibles acciones que los agentes tóxicos en la salud de las personas, del protocolo a seguir en caso de que esto ocurra y adonde dirigirse en caso de que ello afecte su salud”.

Exigió, además, que los centros de salud cuenten con información urgente sobre los gases liberados “para que puedan atender a los afectados de manera correcta”.

Declaran imputados por violar el aislamiento participando en yerras

El fiscal Alejandro Carballo indagará la semana próxima a 10 personas imputadas por violar el aislamiento preventivo mientras se encontraban participando en un yerra -el tradicional evento rural de marcar el ganado- en un campo en la zona de Hernando.

El hecho ocurrió el pasado 18 de abril, en un establecimiento rural ubicado a siete kilómetros de las vecina ciudad. En el lugar fueron detenidas nueves personas mayores de edad y un menor.

En primer lugar será citado a declarar el responsable de organizar la yerra, quien no era el propietario del campo, según se indicó.  Y luego harán lo propio los restantes asistentes.

En tanto, esta semana prestó declaración  el dueño del campo donde se realizó una yerra en el paraje Atos Pampa, del Valle de Calamuchita. Ese evento motivó el sábado pasado una masiva detención por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Son 32 las personas imputadas por este hecho: 25 fueron detenidas y a las pocas horas recuperaron la libertad, mientras que otras siete fueron citadas, indicó Carballo.