Menos impuestos y ajuste en el gasto para reactivar

La Bolsa de Comercio de Córdoba desarrolló esta semana, vía Zoom, una nueva jornada del Ciclo de Coyuntura a cargo del economista Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la entidad. Del encuentro virtual participaron más de 130 empresarios, dirigentes institucionales y políticos, además de los medios de prensa más importantes de la provincia entre ellos TRIBUNA.  

En esta ocasión Navarro analizó el impacto económico y productivo ocasionado por la cuarentena en el país, y las consecuencias de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional. 

Navarro destacó que, de acuerdo la evolución de los contagios, la provincia de Córdoba mantiene la tasa indicadora en un número  menor a uno, que la diferencia de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la coloca con ventajas a la hora de decidir mayor flexibilización de la actividad, tal como ocurrió ayer. 

Según Navarro, las provincias del centro del país, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, serán el motor de la recuperación económica. Entre las tres representan un cuarto de la producción nacional. De todos modos Navarro planteó un escenario de incertidumbre, pero la vez ensayó las posibles alternativas para reducir ese factor.

"Respecto de la microeconomía, si se extendiera el apoyo a las empresas, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el ATP (pago parcial del salario), hasta fin de año, cada mes implicará sumar medio punto del Producto Interno Bruto. Y se incrementaría la incertidumbre macroeconómica por la emisión monetaria".

Para financiar estos paquetes de ayuda, el país no cuenta con otras herramientas ya que tiene vedado el acceso al crédito. En ese sentido, Navarro puntualizó que por cada mes de extensión de la ayuda a las empresas, la base monetaria de la Argentina se incrementaría en un 5%. "Si a esto le agregamos la necesidad de emisión asociado a financiar el gasto o el déficit, ocasionado por los menores recursos tributarios, la presión sobre la base monetaria es aún mayor”, destacó Navarro. 

De este modo, el economista planteó la necesidad de "contar con un plan económico consistente en lo fiscal y monetario".

El incremento del gasto -ocurre históricamente en la Argentina- no se retira luego y permanece. "Hay un problema de inercia fiscal que tenemos que romper, con menos impuestos a futuro, además de menos gastos y una política monetaria consistente", explicó Navarro. "Debemos construir una institucionalidad del Banco Central para recuperar nuestra moneda", cerró el economista.  

A continuación, el informe completo.

Los efectos adversos de la pandemia del COVID-19 sobre la economía son amplios y heterogéneos entre sectores, provincias y distintos grupos de trabajadores.

En este contexto, la pérdida de ingresos de importantes grupos de la población genera una creciente incertidumbre sobre cómo enfrentar los meses venideros, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de facilitar las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio.

En el caso particular de Argentina, con sus problemas estructurales y coyunturales, esa incertidumbre microeconómica se ve magnificada a nivel macroeconómico.

El impacto de la crisis generada por la situación sanitaria a nivel mundial y en nuestro país es marcado; aún no se sabe cuándo se logrará controlar la pandemia, y más allá de esto, las perspectivas de recuperación de la actividad son muy inciertas. En Argentina, la paralización de las actividades laborales fue de un 30% a finales de mayo en relación a los niveles previos a la pandemia. Por su parte, la disminución de la movilidad laboral es de solo 15% en Uruguay, país que viene controlando la pandemia sin medidas compulsivas de confinamiento.

Estos datos muestran dos realidades; por un lado, la flexibilización progresiva de la cuarentena contribuirá a la recuperación económica, pero por el otro, la recuperación de la actividad no será rápida y posiblemente tampoco suficiente para volver a los niveles previos a la pandemia.

La política económica del gobierno juega un rol crucial para reducir (o ampliar) la incertidumbre y la pérdida de bienestar que las difíciles circunstancias actuales ocasionan a la población.

En efecto, para atenuar el impacto de la crisis, un compromiso de extender los planes de ayuda a empresas y trabajadores (a través del programa ATP y el IFE), mientras dure el impacto de la pandemia, contribuiría a reducir la incertidumbre a nivel microeconómico.

Sin embargo, aquí aparecen factores inherentes a problemas estructurales de la economía argentina, previos a la pandemia, que a la hora de avanzar con esas medidas acrecientan la incertidumbre a nivel macroeconómico. Cada mes de extensión del IFE y el ATP, aun con su alcance limitado, implicaría un gasto público adicional de 0,5% del PBI. El problema es que, ante la fuerte caída en ingresos tributarios por la pandemia y la falta de alternativas de financiamiento, esas medidas requerirían expandir la base monetaria a un ritmo de 10% mensual.

Esta situación genera una fuerte presión sobre las expectativas inflacionarias y, por ende, de devaluación de la moneda, que derivan en un aumento de la demanda de dólares tanto a través de canales formales e informales. En este contexto, las crecientes restricciones para operar en los mercados cambiarios no logran evitar un preocupante drenaje de reservas, a la vez que se profundizan distorsiones y crecen las brechas cambiarias.

Lo anterior refleja una falta de confianza e incertidumbre sobre cuál será el programa económico del gobierno. ¿Qué se puede hacer para avanzar con las medidas necesarias para paliar el impacto de esta particular crisis en las personas sin generar más incertidumbre macroeconómica?

En primer lugar, tiene que definirse un programa fiscal que contemple que la expansión del gasto y el déficit que vemos en la actualidad sea transitoria, de manera que se retire una vez superada la pandemia. Disminuir esta inercia fiscal tendría la ventaja adicional de permitir un saneamiento de la hoja de balance del BCRA, reduciendo así sus pasivos (o conteniendo su crecimiento) y contribuyendo a un control más estricto de la emisión monetaria.

Como condición necesaria para recuperar el valor de la moneda, se debe contar con una institucionalidad que evite la subordinación de la política monetaria a la política fiscal. Específicamente, se debe converger hacia un esquema institucional en donde el financiamiento con emisión monetaria del déficit fiscal sea la excepción, para tiempos como los actuales, y no la regla, como lamentablemente viene sucediendo por décadas.

Finalmente, es crucial lograr un acuerdo por la deuda. La estrategia de negociación adoptada ha generado innecesariamente una mayor incertidumbre, reflejada en el mercado cambiario, que podría haberse evitado. Más allá de esto, las perspectivas son favorables; llegar a un acuerdo podría descomprimir el mercado cambiario, facilitar el financiamiento internacional al sector privado y mejorar las condiciones de crédito al gobierno en el mercado doméstico en el corto plazo, todos factores que sin dudas contribuirán a reducir la incertidumbre.

Pero para maximizar los beneficios de un acuerdo de restructuración de la deuda, se debe definir un programa económico consistente, que siente las bases para recuperar la confianza y dar impulso a la recuperación de la economía, superada la crisis sanitaria. Las difíciles circunstancias actuales se presentan como una oportunidad para avanzar en esa dirección y hacer frente de la mejor manera a los desafíos que plantea la pandemia.