Esta noche tuvieron aprobación los proyectos Ley del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial de 2024, Ley Impositiva para el ejercicio del mismo año y las modificaciones al Código Tributario Provincial. Así, quedó promulgado el presupuesto del ejercicio venidero, que incluye ahorro corriente sostenible, inversión social e inversión pública sostenida en obras de infraestructura.

El presidente del bloque Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, destacó que se trata de “un presupuesto que conjuga justicia social y el compromiso de seguir trabajando codo a codo con cada uno de los sectores productivos de nuestra Córdoba, con el sector universitario, con el sector académico, con transparencia, con responsabilidad y eficacia en el manejo de los recursos, de los ingresos y los gastos. Creo que es un presupuesto moderado, en estos momentos de incertidumbre económica que vive nuestro país”, valoró el legislador.

Recordemos que el pasado 1 de noviembre, el paquete de leyes económicas para el año próximo obtuvo aprobación en primera lectura, tal lo establece la Constitución Provincial. También se concretó la respectiva audiencia pública, de la que participaron una veintena de entidades y organizaciones.

Al momento de votar se expresaron a favor los miembros de los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Identidad Peronista y Córdoba Auténtica. En contra lo hicieron los legisladores de Juntos UCR, Encuentro Vecinal y las legisladoras Luciana Echevarría y Cecilia Irazuzta.

Tribunal de Cuentas
Del mismo modo, durante la sesión se sancionó el Proyecto de Ley N° 38178, que establece las reglas de funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

 
Esta iniciativa tiene por finalidad salvar las desactualizaciones de la Ley N° 7630, brindándole estatuto de ley a la existente Resolución N° 180, dictada y suscripta por los tres tribunos (los dos de la mayoría y el vocal por la minoría) en el año 2021, y que contempla los planes de modernización. De esta manera se incorporará la tecnología a los trámites necesarios para el cumplimiento de las mandas constitucionales de este organismo de control.

En uso de la palabra, la legisladora Nadia Fernández expresó que “el proyecto surge de la necesidad imperiosa de adaptar nuestra legislación al avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que sin lugar a dudas, sin ninguna discusión, han transformado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado”.

“Estas transformaciones, por supuesto, exigen simplificación administrativa, y por ende una propuesta orientada a mejorar los servicios y la atención ciudadana”, siguió Fernández. La legisladora resaltó además que la Ley 7630, que este proyecto deroga, debe sus desactualizaciones al hecho de haber sido promulgada en tiempos en que la Legislatura de Córdoba era bicameral.

La Ley 7630, agregó Fernández, “data del año 1987, y por tanto es indiscutible la necesidad de modernizar sus conceptos a la luz de la normativa vigente”.

La nueva normativa tuvo el acompañamiento de los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Córdoba Auténtica, e Identidad Peronista. En contra se expresaron Frente de Izquierda, MST Nueva Izquierda, Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Independiente, y Juntos UCR.