Empresarios y gremios piden dejar para otro momento el debate sobre la reducción de la jornada laboral

La discusión que se inició hace algunos días en el Congreso de la Nación con respecto a la reducción de la jornada laboral, encuentra reparos en el empresariado de Río Tercero y tampoco logra la adhesión unánime entre los gremios a nivel local. La principal crítica que formulan los empresarios es que si una compañía reduce la cantidad de horas de sus empleados deberá contratar más gente para cubrir el déficit, lo que generará un mayor gasto, en un contexto de grave crisis económica. Y desde el sector sindical condicionaron la propuesta a que, por ejemplo, se reduzca la presión impositiva al empleador.

Existen siete proyectos de ley para la reducción de la jornada laboral, de los cuales se busca avanzar en acuerdos para establecer un dictamen de consenso. Con algunas diferencias entre sí, las iniciativas se fundamentan en “la posibilidad de reducir la duración de la jornada laboral como herramienta para la mejor distribución del trabajo existente y, al mismo tiempo, para incrementar la productividad a través de los beneficios que representa”.

Mientras el debate para el tratamiento de los siete proyectos que buscan modificar la Ley 11.544, que lleva 94 años de vigencia, continúa, desde diferentes sectores exponen sus razones a favor o en contra.

De acuerdo a un sondeo realizado por TRIBUNA, la iniciativa genera más rechazos que adhesiones en Río Tercero.

La empresaria Luciana Mengo, socia de la planta Silos Mengo, y presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Córdoba (AFAMAC), sostuvo que “el debate de la reducción de la jornada de trabajo es un tema que se está presentando a nivel mundial. Seguramente deberemos darlo, todo  indica que los sistemas formales establecidos deberían ser modificados en función del avance de los procesos productivos y la vida de las personas”. Sin embargo, la empresaria opinó que “el debate también pasa por el momento en el que se da. No siempre es el momento de cambiar metodologías que puedan afectar de manera directa la productividad, los sistemas de trabajo, y mucho más delicado es darlo en un contexto teñido de intenciones electoralistas. Si nos dejamos llevar por el entusiasmo del cambio, perdemos de vista el eje real de la discusión”.  

Asimismo, Mengo sostuvo que “actualmente nuestros convenios colectivos están muy desactualizados y muchos de ellos tienen más de 50 años. Modificar la modalidad de enfrentar el trabajo formal es más que un contenido de horas. Tenemos muchos temas que resolver primero, antes de dar esta discusión de primer mundo”. Y enumeró: educación, más del 57% de los jovenes no culmina sus estudios, alimentación, con un 40% de pobreza no tenemos la tranquilidad de contar con personas aptas para el aprendizaje”. 

En forma contundente, la empresaria consideró que se debe “encarar primero los problemas estructurales de origen, lo que nos dará la plataforma ideal para avanzar en temas más modernos del entorno del trabajo formal”.

Finalmente, dijo que reducir la jornada laboral para multiplicar los puestos de trabajo, “no permitirá alcanzar el objetivo”. Y explicó que “un colaborador hoy necesita trabajar 10 horas extras semanales para poder enfrentar los desafíos económicos que le presenta la inflación. Reducir la jornada no nos garantiza el bienestar de las personas, hoy las condiciones no están dadas”.

Adrián Carrizo, uno de los titulares de Guplastex, fabricante de guantes de látex, aseguró que desde su empresa están a favor de “toda política que favorezca las condiciones laborales del personal”. No obstante, consideró que el momento para debatir la reducción de la jornada laboral “no es el indicado ya que no hay certezas concretas que exista un mejoramiento en la productividad y bienestar del trabajador”. Señaló que “sin dudas es un debate muy profundo que abarca muchos aspectos a considerar” y opinó “que se debería estudiar y analizar con una prueba piloto para ver cómo es el resultado en nuestro país”.

Aunque los empresarios son cautos sobre el debate planteado hay varias dudas respecto a la implementación de la iniciativa. “Si (el proyecto) es para reducir las horas de trabajo pero manteniendo los mismos sueldos, van a tener a todos los empleadores en contra porque el costo es altísimo y se va a trasladar directamente al precio de lo que se produzca”, opinó otro empresario que prefirió mantener su nombre en reserva.

No apurar el debate
“Es un tema sensible que debe ser discutido en el marco de una reforma laboral integral. Pero en nuestro país urgen otros temas como por ejemplo cómo frenar la inflación que es el peor veneno, es lo que atrasa a un país”, respondió Claudiana Gavaglio presidenta del Centro Comercial, ante la consulta. 

La directiva sostuvo que “hay temas más importantes que resolver ahora. Argentina primero debe crecer, buscar un horizonte, evolucionar, ponerse en marcha y preparar a los trabajadores para determinados puestos. Estos son temas para tratar cuando tengamos un país serio y que se pueda trabajar con reglas claras, con planes a corto, mediano y largo plazo”, sentenció.

En consonancia con el Grupo de los 6 (G6) que nuclea a los bancos, la Bolsa de Comercio, el campo, la industria y el comercio, Gavaglio pidió no apresurar el debate” que puede “perjudicar seriamente a la generación de empleo formal en tiempos electorales”, en referencia a la discusión en el Congreso del proyecto.

En ese documento los empresarios consideraron que “una modificación de la estructura laboral como lo es la reducción de la jornada requiere de un debate responsable, con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de la política electoral”.

La brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia, donde otros países implementaron políticas y recursos muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global. Por lo tanto, Argentina debería: estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal (el cual prácticamente no crece desde 2012) y promover incentivos al empleo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo”, alertaron.

Discusión electoralista
Desde el sector de los empleados de Comercio, José Orlandi, consideró que  es una discusión que se viene dando desde hace varios años, pero opinó que “no es fácil el tema porque para abordarlo se requerirá abrir los convenios colectivos de trabajo y la mayoría data de los años 70, han quedado obsoletos”.

El secretario general de AGEC consideró que “sería fructífero para el trabajador la reducción de la jornada laboral pero se necesita saber bien qué es lo que está queriendo hacer el gobierno. Se tienen que sincerar todas las partes (gobierno, empleadores y gremios) y tomar una medida regulatoria que les convenga a todos”, dijo.

Orlandi opinó que “si se le reduce la jornada laboral a un empleado no se le podrá reducir su sueldo que es un derecho adquirido. Y en este punto está el cuestionamiento de la patronal”, explicó. Asimismo, añadió que “la discusión se da con intención de eliminar el trabajo informal, de incorporar al mercado laboral a más gente, pero la pregunta es qué ofrece el Gobierno a los empleadores. Desde el punto de vista gremial podemos aceptarlo, pero cuántas empresas se verán afectadas por esto”, planteó.

El gremialista opinó que la propuesta podría funcionar si hay beneficios impositivos para los empleadores: “Parece que el privado tiene que hacer todo el esfuerzo. El Gobierno tiene que ofrecer algún beneficio a las empresas, como reducción de aportes, por ejemplo. Aquí hace falta discutir una reforma laboral completa y no solo la reducción de la jornada laboral”, manifestó.

Orlandi indicó que si bien la reducción de la jornada laboral es un debate necesario “primero se deben solucionar muchos otros problemas” en el país. “En otros lugares del mundo ha dado resultados pero estamos hablando de países organizados, con cuestiones resueltas que nosotros no tenemos”, señaló y opinó que el debate se plantea en el medio de una campaña “con intenciones de sumar votos”.

¿Qué dicen  los proyectos?

Existen siete proyectos de ley para la reducción de la jornada laboral, de los cuáles se buscará avanzar en acuerdos para establecer un dictamen de consenso que recupere posicionamientos de cada propuesta. 

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo es el del líder de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral de cuatro días, que, además, no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales.

Otro de las modificaciones es impulsada por la dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, que propone un día laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales, con la posibilidad de que la jornada sea de 7 horas siempre y cuando la misma sea de lunes a viernes.

Por otro lado, el tercer proyecto que prevé la reducción de la jornada proviene del mismo sector: el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, que plantea una duración de la jornada que no podrá exceder las seis horas diarias o las 36 semanales, con la posibilidad de distribuirse en seis días. El proyecto coincide con otro propuesto por la diputada oficialista Mónica Litza.

Eduardo Valdés propone una nueva alternativa dentro de Unión por la Patria: que la jornada sea de un máximo 36 horas semanales, que se podrán distribuir en seis o cuatro días, en ese último caso si se trabaja en jornadas de 7 horas y media.

La izquierda también se metió en la discusión a partir de una presentación del diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Su proyecto pone topes de 6 horas diarias o 30 semanales, por lo que la distribución establecida sería de 6 horas diarias en cinco días.

Por su parte, Enrique Estévez, del Partido Socialista, pide un máximo de 36 horas semanales con 8 horas diarias de trabajo máximas, permitiendo las distintas distribuciones horarias en la jornada: 6 horas en 6 días, 7 horas en 5 días o 8 horas en 4 días.