Si en este momento planteáramos una encuesta acerca del nivel de conocimiento de las funciones del Defensor del Pueblo provincial, o más aun interrogáramos sobre la existencia de esa figura constitucional, seguramente muy pocos responderían acertadamente.

Es que el Defensor del Pueblo, como órgano encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, no cuenta con la inserción social que merecería.

En ese contexto, el actual titular de la Defensoría, el radical Mario Decara, es apuntado por un sector de la oposición provincial por una serie de irregularidades, y pesa sobre él un pedido de juicio político para que sea removido. Decara lleva 14 años en el cargo. Fue ratificado sucesivamente por la Legislatura en las últimas administraciones.

El dirigente cordobés César Orgaz, de Encuentro Vecinal Córdoba, es uno de los que encabeza el reclamo, con serios cuestionamientos a Decara.

En diálogo con TRIBUNA, Orgaz acusó a Decara de realizar actividades políticas partidarias, cuando la ley se lo prohíbe, incluso utilizando recursos públicos de la Defensoría.

En las últimas semanas aparecieron una serie de carteles en la ciudad de Córdoba, en los que Decara insinúa que competirá por la Intendencia capitalina: un aspecto que Orgaz critica, además de actividades y funciones que, a criterio del concejal cordobés, no figuran dentro del menú de la Defensoría. “Nuestro sector procura defender la institucionalidad y la división de poderes. Y cuando decimos eso es que los institutos creados por la Constitución y las leyes en Córdoba deben funcionar bien”, subrayó Orgaz. 

Carteles de Decara en la ciudad de Córdoba

“Mario Decara lleva 14 años como Defensor del Pueblo, es decir que está en su tercer mandato, y no hace lo que tiene que hacer, y hace lo que no tiene quehacer”, resumió. 

El espacio de Orgaz viene reclamando el juicio político de Decara desde el año 2019, por estar realizando actividades políticas que la ley le prohíbe expresamente. Esa normativa no le permite al Defensor asumir funciones políticas y gremiales, y cualquier otra actividad que ponga en riesgo su imparcialidad. 

“En 2019 Decara se metió a realizar alguna actividad política y le pedimos juicio político, que no prosperó en la Legislatura”, reiteró Orgaz. Tanto el justicialismo como el radicalismo, que dieron su aval para la elección de Decara, no promovieron esa instancia. El reclamo de juicio político se reiteró en 2022. “Y ahora estamos viendo, en el comienzo de 2023, que Decara está nuevamente incurriendo en esa incompatibilidad, porque se está lanzando como precandidato a intendente. Pero además lo hace con una explosiva cartelería en el ámbito público de la ciudad de Córdoba, que se paga desde la Defensoría del Pueblo, ya que simula ser un mensaje del Defensor del Pueblo. Sin embargo es un mensaje político”, acusó Orgaz. 

“Córdoba necesita otra mirada”, dice uno de los mensajes. En la red social Instagram llama a que “nos encontremos, superando las divisiones”. “Es un mensaje político que no hace a la función del defensor del pueblo”, expresó Orgaz. La publicidad estática posee el logo de  la Defensoría. “Además, en el Instagram dice ‘Decara te defiende’, con un logo que se parece al de un superhéroe. Es como que un juez ponga ‘Fulano juzga’. Una locura”, indicó Orgaz.

-¿Se le conocen a Decara acciones concretas en estos años como Defensor del Pueblo?
-Muy pocas. La ley le da funciones para defender los derechos colectivos difusos frente a la administración pública, no frente a un privado, controlar la eficacia de los servicios públicos. Ya eso se superpone con la función del ERSEP, controlar la aplicación de las leyes y la denuncia ecológica a un 0800. El problema que tiene el Defensor del Pueblo en Córdoba, es que no tiene legitimación procesal para participar del juicio. Debería haber un reforma para que lo tenga. Ahora bien, si uno ve los programas de la Defensoría, no está cumpliendo la función. Asesora sobre cómo cuidarse de los alacranes, cómo salir a la ruta; es más un profesor de educación cívica que un Defensor del Pueblo. 

-Incluso entendemos que tiene un alto nivel de desconocimiento en la provincia.
-En la ciudad de Córdoba Decara tiene un centro de mediación comunitaria, que tampoco la ley lo avala. Está sí en un nivel de desconocimiento muy grande. En general los entes de control no están funcionando en la provincia. 

-¿Qué tipo de estructura posee Decara, a nivel de personal y recursos presupuestarios? ¿Es controlado por la Legislatura?
-Tiene un presupuesto anual que lo ejecuta. Además tiene un Defensor Adjunto. Tiene una estructura bastante abundante. Uno de los caballitos de batalla que tiene, es un informe de medición de la inflación, pero la Provincia tiene un centro de estadísticas. Tampoco la ley lo ha puesto para eso. En la función pública solo se debe hacer lo que la ley autoriza, no cualquier cosa.  Los organismos de control terminan siendo cajones donde van a parar los puestos políticos. 

Así las cosas, la legisladora María Rosa Marcone, planteó en su cuestionamiento a Decara, que “durante el 2022 el 41% del presupuesto se dedicó a personal contratado y una sexta parte a Publicidad y Propaganda”, mientras que, “para el 2023 tiene un 20% más de lo que se destina a la atención de adultos mayores en toda la provincia; un 71% más de lo que se destina a atención de las personas con discapacidad; $150 millones más que el programa Nuevo Rumbo, a través del cual se efectivizan las asignaciones económicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La Defensoría del Pueblo tiene un abultado presupuesto, pero un flaquísimo aporte al bienestar de la población”, subrayó la legisladora de Encuentro Vecinal Córdoba. Sólo en publicidad podría gastar $215 millones en 2023.

Según la legisladora, “en los informes anuales que presenta el defensor no hay datos claros que permitan saber a ciencia cierta qué acciones concretas se realizaron, cuántos reclamos se recibieron sobre cada una de las prestatarias de servicios y cómo se encaminaron. Sólo vaguedades del tipo ‘se efectuaron múltiples reclamos’ ‘no se recibió respuesta en muchos casos’. Ningún cuadro estadístico, ningún dato comprobable. Sí muchas encuestas sobre diversos temas, pero ninguna acción concreta para solucionar los problemas de accesibilidad, de falta de inclusión digital, de facturas de EPEC impagables, de personas en situación de calle”.

Marcone cuestionó que Decara no responda los informes de los legisladores, y expone una hipótesis: “Seguramente será porque es muy difícil explicar por qué se gastan $8.170 en un almuerzo para dos personas  en Corrientes, por qué se contratan 54 paquetes de viajes con alojamiento ‘a ser utilizados por los funcionarios de la Defensoría’ o se gastan $4.950.000 en  ‘72 servicios de registro y edición de videos, sobre las actividades que la Defensoría del Pueblo llevará a cabo’. Pero la campaña que acaba de iniciar, vulnerando la estricta prohibición de tener actividad política, es de un descaro que raya lo cínico”, cerró.