Pasan los años, el Gobierno nacional de turno repite la fórmula y quienes se sienten afectados redundan en las razones de su reclamo como un círculo vicioso que parece enquistarse.

Un nuevo anuncio de aumento a las retenciones a la soja, que pasaron del 31 al 33 por ciento, reavivó la protesta de un sector agropecuario que se debate entre el hastío y la impotencia.

“Es un impuesto injusto que atenta no solo contra el campo sino descapitaliza al interior y Córdoba es una de las provincias más afectadas”, exclamó la productora, Adriana Cabo, históricamente ligada a la Federación Agraria Argentina (FAA).

Sus palabras compartidas por cualquier miembro de esta cadena productiva, intentan dimensionar el daño que esta retención le genera a las economías internas del país, dado que son compras o inversiones que no se realizan, oportunidades de crecimiento y empleo, -más allá de la tranquera-, que se dejan pasar.

Con un indisimulable tono de bronca, Cabo no duda en calificar a esta medida como “un robo, porque es plata que no se sabe a donde va y así viene ocurriendo desde hace 20 años”, afirma en relación a un tributo que como tantos otros, nació como una medida de emergencia y llegó para quedarse.

Paralelamente, recuerda que si a esta retención se le suma la fuerte carga impositiva que ya recae sobre el sector, dos tercios de la producción van a parar a las arcas nacionales.

Para graficarlo, es elocuente el aporte que Javier Mignani, contador especializado en cuestiones del agro, quien afirma: “por cada camión que sale de nuestra zona rural, el Gobierno retiene un equivalente a diez sueldos promedio de un trabajador de Río Tercero”.

La situación que ya no es tan actual, sirve como plataforma para una crítica integral que Cabo realiza hacia el modelo nacional de gestión. “Es un país inviable donde el 50 por ciento de sus habitantes vive del Estado. Nunca se hizo un fondo con estos recursos para atender las necesidades de la gente ni se sabe a dónde va este dinero porque los políticos no rinden cuentas”.

“Por cada camión que sale de nuestra zona rural, el Gobierno retiene un equivalente a diez sueldos promedio de un trabajador de Río Tercero”.

En la misma dirección agregó: “Reconocemos que hay que ayudar a los que menos tiene, pero debería ser a partir de la capacitación y la introducción al trabajo, los planes no pueden ser eternos, pero parece que el Gobierno los quiere siempre pobres para tenerlos cautivos”.

Al mismo tiempo la productora agropecuaria aclara que el sector no responde a ninguna facción política, recordando que el expresidente Mauricio Macri, redujo en un primer momento, algunos puntos de retención pero después los reincorporó. “La única diferencia con su gobierno era el trato, pero también nos sacaba”, graficó.

En ese terreno, está convencida que el kirchnerismo se encargó de profundizar un histórico enfrentamiento ideológico entre campo y peronismo. 

De cara a lo que viene, Cabo anticipó que están previstas nuevas movilizaciones en todas las provincias a la espera de la principal hacia Buenos Aires, programada para el 23 de abril.

Mientras tanto, la Mesa de Enlace está sosteniendo diversas reuniones con miembros de la oposición y de allí podrían gestarse nuevas medidas de fuerza como ceses de comercialización, aunque su efectividad dependa de la extensión y eso puede genera un “daño colateral” que no todos los productores pueden asumir.

Más allá de la cuestión puntual de las retenciones, el reclamo puede resumirse a un pedido de cambio de rumbo económico, que entre otras cuestiones unifique el tipo de cambio para un sector que cobra a través de un precio del dólar pero debe asumir una cotización mayor a la hora de los costos.