El perfil de los beneficiarios de planes sociales, limita la transición al empleo formal

La gran mayoría de los beneficiarios de planes sociales no alcanza el perfil adecuado para acceder a un empleo formal, reduciendo sus perspectivas de inserción laboral, según concluye un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. 

El trabajo se basa en el proyecto de ley del oficialismo K, que plantea convertir los programas sociales y planes en trabajo formal. 

“Los incentivos que ofrece la iniciativa son insuficientes; la propuesta abarca a las contribuciones al sistema jubilatorio por lo que el ahorro corriente en costo laboral es de hasta 7,4%. Además, entre los requisitos está no reducir el empleo por al menos dos años, lo que es una forma de aumentar aún más los ya elevadísimos costos de despido”, subraya el informe. 

“En un contexto en el que las cargas laborales incrementan el costo laboral por al menos un 50% por encima del salario de bolsillo, la rebaja aporta poco. Por tanto, el costo de pasar a la formalidad una relación laboral informal seguirá siendo muy elevado”, añade. 

“Más allá de los costos, salen a la luz problemas al considerar el perfil de empleabilidad de los beneficiarios de planes y programas sociales. El 95% de ese universo, que trabaja o busca trabajo, tiene un nivel educativo medio y bajo (a lo sumo completaron el secundario). Es una característica que reduce sus perspectivas de inserción laboral”.

“Si se considera ese aspecto en los ocupados formales, hay una mayor inserción de quienes cuentan con un nivel educativo medio y alto. La contratación de trabajadores con estudios universitarios completos explica el 91% del aumento del empleo formal desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de este año”, se destaca. 

El proyecto plantea que se podrán mantener los beneficios por 12 meses aún si consigue un trabajo formal, con la condición de tomar cursos de formación y capacitación en organizaciones sociales. La empresa podrá acceder a una condonación de deudas previsionales y obtener una reducción de hasta 100% del pago de contribuciones patronales por hasta 24 meses con un tope de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y de cinco a 20 empleados por empresa, según el tamaño.

En ese contexto, el informe de la Bosa indica que el 82% de los trabajadores informales que reciben planes y programas sociales realiza tareas elementales y oficios de baja calificación, de difícil inserción en el mundo laboral formal.

Mientras, el  85% de los beneficiarios de planes sociales que tienen o buscan trabajo son mujeres, en un contexto donde el 89% de la creación neta de trabajo durante la pandemia fue masculina.

Para sortear las dificultades estructurales a la reconversión de planes sociales en empleos de calidad se requieren, más que un “puente para el empleo”, reformas a la institucionalidad laboral y de formación de la fuerza de trabajo, finaliza. 

Conclusión: Sin una reforma estructural a la institucionalidad laboral que reduzca de forma permanente los elevados costos para las empresas que ocasionan las altas cargas laborales y los costos de despido, y sin esfuerzos sustanciales para mejorar la formación y capacitación de la fuerza de trabajo para adaptarla a las nuevas demandas será difícil mejorar la empleabilidad y las chances de generar trabajos de calidad en forma masiva.