En noviembre se realizaría el juicio a policías sospechados de vejaciones

Antes de que finalice el mes de noviembre podría desarrollarse el juicio a tres policías imputados por supuestas vejaciones en contra de dos jóvenes de 15 años.

El proceso se realizará con jurados populares que ya fueron seleccionados. Ahora solo resta que la Cámara del Crimen defina la fecha de inicio de las audiencias.

En agosto pasado, la fiscal Paula Bruera elevó a juicio la causa en la que están involucrados dos hombres y una mujer, agentes policiales que prestaban servicio en la departamental Calamuchita de la Policía. Los tres están imputados y detenidos por un hecho ocurrido en Santa Rosa en noviembre de 2019, que primero fue difundido a través de las redes sociales y fue denunciado ante la Justicia por la madre de uno de los menores.

Tras practicarse distintas medidas probatorias, se ordenó en esa oportunidad la inmediata detención de los tres policías que fueron imputados de lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Durante la investigación se secuestraron teléfonos celulares y filmaciones de cámaras de seguridad en la zona.

Los hechos habrían sucedido en la costanera del río en Santa Rosa. Un móvil habría llegado al lugar y habría sorprendido a un adolescente de 15 años que presuntamente estaba bebiendo. Los policías lo habrían golpeado y luego introducido su cabeza en el río. Los uniformados, según la causa, le habrían dicho al chico: 'Ya te vamos a enseñar cómo comportarte'”. El joven no fue detenido y los policías se marcharon.

En una de las filmaciones secuestradas en el marco de la causa, se ve cuando llega el patrullero al río y cuando se marcha, pero no se observan los hechos denunciados.

Los policías detenidos son el sargento ayudante Gustavo Pereyra López, la cabo Jaqueline Chanquía y el cabo Miguel Chavero.

Luego de la denuncia y posterior detención, los policías fueron puestos en situación pasiva. Esto significa que se les retiene el 70 por ciento de sueldo y el arma reglamentaria, que sólo pueden realizar tareas administrativas y que quedan impedidos también de hacer adicionales legales.