El Municipio de Río Tercero recordó ayer que las reuniones familiares y sociales se encuentran suspendidas a partir de la vigencia de un decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional, que fijó hasta el 16 de agosto esa restricción en todo el país.

La norma generó una catarata de cuestionamientos y para el caso de Córdoba y Río Tercero implicó un retroceso al aislamiento o distanciamiento social, puesto que este tipo de encuentros estaban permitidos los domingos de 11 a 23. Ahora solo se habilita la reunión con el grupo conviviente y se restringió la práctica de algunos deportes, entre otras cuestiones.

Sin embargo, los límites a los encuentros en los domicilios particulares fueron quizá un punto de inflexión para que la mayoría alzara la voz en contra de la medida. Incluso el abogado local Marcelo Prado, realizó la presentación del primer recurso de amparo ante la Justicia Federal por la inconstitucionalidad del decreto, que cercena, sin una ley, las libertades básicas de los ciudadanos.

De todos modos, tanto en la provincia como en el ámbito local, se optó por acatar la disposición haciendo un fino equilibrio entre la letra de la norma y el humor social, pero sin adherir formalmente a través de un decreto o bien una ordenanza, como sí había ocurrido con el resto de los DNU. 
En el Concejo Deliberante no hay consenso entre los ediles, y mientras los oficialistas subrayan que la disposición debe acatarse, desde la oposición son muy críticos a su aplicación.

"Las reuniones familiares en Río Tercero, como en toda la provincia quedan suspendidas hasta el próximo 16 de agosto. El último decreto no fue enviado al Concejo desde el Ejecutivo, pero eso no significa que no se vaya a controlar por parte de las autoridades responsables", subrayó Rafael Prado, presidente del bloque de concejales de la UCR.

"Hasta el momento desde el DEM no enviaron al Concejo Deliberante el DNU para que la ciudad se adhiera a las últimas disposiciones, como por ejemplo la prohibición de las reuniones familiares. En caso de que el proyecto hubiera sido enviado desde el bloque no lo íbamos a acompañar porque consideramos que atenta contra las libertades individuales basados en un supuesto riesgo de contagio", opinó Nicolás Rodríguez, del Frente Todos. "Entendemos que el hecho de que estemos atravesando una pandemia no es un motivo válido para disponer sobre los actos individuales de los vecinos de la forma en la cual lo establece ese decreto", añadió.

De todos modos, al intendente Marcos Ferrer no le quedaban muchos caminos, teniendo en cuenta la imputación judicial que sufrió el intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarrosa, quien desoyó al COE y habilitó la apertura de comercios en medio de un brote de Covid.

Miguel Canuto, secretario de Seguridad municipal indicó durante la semana, en la misma sintonía, que la norma nacional debe cumplirse más allá de las interpretaciones legales. Además, la Policía ya informó el esquema de multas que regirá desde hoy (ver página 3).

Sin embargo, como un termómetro certero del clima social, la gente cuestionó severamente la suspensión de las reuniones familiares, sobre todo en una zona como la nuestra donde el Covid está por ahora controlado y sin brotes. 

A través de las redes sociales de TRIBUNA fueron muy críticos. "Tremendo el avasallamiento de un derecho constitucional cómo es la libertad de las personas. Ningún DNU está por sobre la ley de leyes que es la constitución", expresó Carlos. "Que mal vamos una vergüenza", opinó Charly. 

Además hubo cuestionamientos a la posibilidad de reunirse en bares, hasta seis personas, y no en casas de familia. 
Por otra parte, ayer al cierre de esta edición se confirmó el primer positivo en Almafuerte.