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La situación financiera de la Municipalidad de Río Tercero atraviesa un momento crítico. Según explicó el intendente Marcos Ferrer, en declaraciones a la Voz del Interior, los principales ingresos municipales —provenientes de la coparticipación de IVA, Ingresos Brutos y la Tasa de Comercio e Industria— están directamente atados al nivel de consumo y actividad económica, que está en recesión. La contracción del mercado interno y el cierre de comercios han provocado una "caída estrepitosa" en la recaudación local.
A este escenario se suma el impacto industrial directo en la ciudad: el freno casi total de la planta Petroquímica y el despido de 100 trabajadores, lo que generó un doble perjuicio por la pérdida de tributos corporativos y el deterioro del poder adquisitivo de las familias afectadas.
“Vemos que hay persianas que se bajan y comercios que cierran todos los días”, dijo. “Los municipios se están volviendo inviables”.
En paralelo, los costos fijos del municipio experimentaron incrementos exponenciales. A modo de ejemplo, Ferrer precisó que el costo del alumbrado público abonado a la cooperativa local saltó de $100 millones en enero a $230 millones en septiembre, lo que representa un aumento superior al 100% en un contexto de ingresos a la baja.
Las medidas de ajuste: salarios, empleos y arancelamiento de la salud
Ante este panorama, el jefe municipal anticipó un paquete de medidas de contingencia orientadas a reducir el gasto público y reorganizar la prestación de servicios esenciales:
Se aplicará una rebaja salarial en los sueldos del gabinete municipal —el cual Ferrer definió como "el más chico de la historia de la ciudad"— como una medida de austeridad y señal simbólica hacia la comunidad.
No se renovarán las locaciones de servicios ni los contratos a profesionales externos hasta al menos febrero o marzo del próximo año.
El sistema municipal de emergencias, que hasta ahora funcionaba de forma gratuita para vecinos sin cobertura privada, pasará a cobrarse mediante una tasa independiente para evitar su cancelación.
La atención en la guardia pediátrica municipal dejará de ser totalmente subsidiada; se implementará una tasa directa de sostenimiento para financiar a los profesionales sanitarios.
Asimismo, el intendente reveló el incremento en la asistencia social directa: la atención en los hogares de día municipales creció de 30 a 70 adultos mayores, demandando una erogación de entre $30 y $35 millones mensuales que resulta cada vez más difícil de solventar.
Reforma tributaria y apercibimiento a morosos
Ferrer cuestionó el esquema tributario actual basado en la Tasa de Comercio e Industria, afectado por la recesión y por fallos judiciales de la Corte Suprema. En su lugar, planteó la necesidad de migrar paulatinamente hacia tributos de carácter patrimonial, como la tasa a la propiedad.
En ese sentido, sostuvo que el promedio de cobrabilidad en los municipios ronda entre el 50% y el 65%. Para revertir el déficit que genera el porcentaje de contribuyentes que no abona sus obligaciones, el intendente propuso cambiar la mentalidad de gestión e implementar medidas firmes, incluyendo embargos o remates de propiedades para los deudores morosos.
Tensión política y el rol de los municipios en la "última milla"
El intendente remarcó que las municipalidades actúan como la "última milla" de contención social, siendo los gobiernos de cercanía los que deben atender de manera inmediata las demandas de los vecinos cuando fallan las respuestas de los estados nacional o provincial. Tras participar en un encuentro virtual con más de 20 intendentes del Foro de Intendentes Radicales de Córdoba, Ferrer constató que la asfixia financiera afecta de manera generalizada a los distritos del interior.
“Hay un desfinanciamiento permanente hacia el municipalismo y un ataque permanente a nuestras tasas”, señaló Ferrer.
En el plano político, renegó de las posturas de alineamiento automático con el Gobierno Nacional y reafirmó su trabajo junto al diputado Rodrigo de Loredo. Aclaró que eventuales alianzas de competitividad electoral en la provincia no deben significar la adhesión a políticas nacionales que desfinancian a los municipios ni la renuncia a discusiones de fondo sobre el rol del Estado.
Finalmente, Ferrer justificó su decisión de hacer públicas estas decisiones para que la ciudadanía de Río Tercero esté advertida sobre las restricciones presupuestarias que impactarán en la prestación de servicios en los próximos meses.
