El calvario de reconocido psiquiatra que reclama por sus bienes. El Dr. Rubiolo exige respuestas ante el cambio de fiscal de Río Tercero

En agosto de 2018, tras un proceso de divorcio, la vivienda en Córdoba del médico psiquiatra Dr. Osvaldo Rubiolo fue desmantelada por completo en un saqueo sistemático, en “en banda y en poblado”. Debido a que su hogar quedó inhabitable, la Justicia le otorgó la posesión de una vivienda en Santa Rosa de Calamuchita para asegurar su residencia y el ejercicio de su profesión. Sin embargo, tras regresar de un viaje de trabajo, el Dr. Rubiolo descubrió que le habían cambiado las cerraduras de esta nueva propiedad, lo que motivó una denuncia por usurpación.

Ante esta denuncia, ocurrió una anomalía en el proceso: Germán Darío Campero (su excuñado y acusado de la usurpación) solicitó formalmente ser designado como el depositario judicial de la casa y de todos los bienes que se encontraban en su interior. La Justicia validó esta petición y le entregó la custodia de las pertenencias al presunto usurpador en lugar de restituirlas a su dueño legítimo.

La pérdida de documentación y el reclamo de Rubiolo
Esta medida judicial permitió que activos de extrema sensibilidad quedaran bajo el control exclusivo de la contraparte durante 17 meses. Al finalizar este período, se constató la desaparición de la gran mayoría de los archivos, incluyendo historias clínicas de cientos de pacientes, los títulos originales de médico y psiquiatra de Rubiolo, y el peritaje médico-legal original vinculado al resonante caso de Blas Correas.

La custodia de la información médica es un imperativo ético y legal. En este caso, la supresión de documentos no posee un móvil económico, sino que se perfila como un acto de dolo eventual destinado a la neutralización profesional del Dr. Rubiolo.

Ante la gravedad de esta filtración y la pérdida de su material de trabajo, el Dr. Rubiolo expresó con profunda preocupación: "Hay pacientes que pueden ver ventilados hechos muy privados... yo soy perito en causas penales muy importantes y esto impide que pueda llevar adelante mi trabajo como corresponde".

La falta de respuestas y la impunidad con la que se manejaron sus pertenencias profesionales y personales lo llevaron a manifestar su indignación ante la desigualdad del accionar judicial: "Si yo voy a robar una bicicleta, a mí me detienen; esta persona tiene un montón de cosas robadas y no le hacen nada".

Tras los reiterados reclamos, los denunciados solo devolvieron un manual de psiquiatría y algunas prendas de vestir.

La última medida del fiscal Carballo y las críticas a su gestión
En vísperas de su traslado a una vocalía de cámara en la ciudad de Córdoba, el fiscal Alejandro Carballo tomó su última medida en el caso: firmar una resolución judicial con la que pretende clausurar definitivamente la denuncia por usurpación y hurto que llevaba siete años en curso.

Esta decisión corona un proceso que el médico describió como "despectivo" y "humillante" en los tribunales, marcado por una constante falta de atención hacia la víctima. Rubiolo detalló la inacción de la fiscalía con duras declaraciones: Rubiolo denunció que la última resolución firmada por Carballo presentó graves inconsistencias técnicas. En varios pasajes del documento, la fiscalía llama al denunciante "Oscar Rubiolo" en lugar de utilizar su nombre real, Osvaldo. El fiscal basó su dictamen en una supuesta ocupación de la vivienda de solo 5 meses, ignorando que las actas y testimonios documentan una permanencia real de 17 meses. Además, emitió esta resolución final sin haber citado nunca al Dr. Rubiolo a prestar declaración testimonial.

Lo que se espera del nuevo fiscal
Con la salida de Carballo, la conducción de la fiscalía de instrucción de Río Tercero quedará a cargo del Dr. Galanti. Frente a este cambio institucional, las expectativas del denunciante están puestas en que el nuevo fiscal aplique de manera rigurosa la ley y el sentido común.
Se espera que la nueva gestión actúe con total independencia y libre de las influencias ajenas al expediente ("manos oscuras") que, según Rubiolo, han operado para garantizar la impunidad de los acusados en perjuicio de su patrimonio profesional y documental.