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Luz y Fuerza rechaza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA y reclama por la soberanía energética

El secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, el almafuertense Máximo Brizuela, se expresó en duros términos contra el Gobierno nacional, a partir de la decisión de vender el 44% de las acciones de la empresa NASA, que controla las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y Atucha II. El proyecto contempla además la entrega del 5% accionario a los trabajadores, conservado el Estado el 51% mayoritario.

Regionales23/09/2025TribunaTribuna
BRIZUELA
Máximo Brizuela: "NASA es una de las pocas empresas estatales rentables".

Por Máximo Brizuela

Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, expresamos nuestro rechazo ante la falta de un proyecto político que contemple la soberanía energética como motor del desarrollo nacional.  

Por el contrario, observamos con preocupación cómo quienes hoy conducen los destinos del país avanzan sobre las empresas del Estado sin justificación alguna, despojando a la Nación de la posibilidad de consolidar un modelo energético soberano que garantice un verdadero desarrollo, progreso y la generación de empleo de calidad.

El Gobierno nacional, en su afán de desprestigiar lo público, persiste en su política de privatización, impulsando la venta de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Esta decisión implica regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino.

Nuestro país cuenta con más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear, desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950. Durante este tiempo, nos consolidamos como pioneros en energía nuclear en América Latina y obtuvimos reconocimiento internacional, gracias al compromiso y la excelencia de trabajadores altamente calificados.

Actualmente, Argentina cuenta con tres centrales nucleares que aportan 1.763 de potencia instalada, lo que representa el 8% de la generación eléctrica nacional. Además, existe la posibilidad concreta de aumentar esta capacidad mediante la construcción de nuevas centrales con financiamiento internacional. Sin embargo, esta alternativa ha sido descartada por las autoridades, dejando en evidencia que sus prioridades no están orientadas al fortalecimiento del plan nuclear argentino, sino a entregar a manos privadas años de desarrollo estratégico, sin una visión soberana ni a largo plazo.

Cuando se habla de privatizaciones, el principal argumento suele ser la supuesta ineficiencia. Pero en este caso, nos preguntamos: ¿Cuál es la intención de regalar décadas de desarrollo nacional? ¿Por qué transferir a capitales privados una empresa que no genera pérdidas? ¿Por qué ceder el desarrollo del reactor CAREМ -único en su tipo y enteramente diseñado en Argentina-, que tiene un enorme potencial de exportación y podría generar recursos para el Estado? ¿Qué justifica privatizar una empresa que es superavitaria? ¿Dónde está el argumento técnico o económico que respalde esta decisión?

El Gobierno nacional, en su afán de desprestigiar lo público, persiste en su política de privatización, impulsando la venta de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Esta decisión implica regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino.

Queremos destacar que Nucleoeléctrica Argentina S.A. no solo es una empresa rentable, sino que cuenta con un recurso humano de altísimo nivel, difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. Fue ese mismo equipo el que, en 2023, logró ahorrar más de 1.000 millones de dólares y cuatro años de trabajo a la empresa, al realizar una reparación compleja con una metodología innovadora, pensada y ejecutada íntegramente por trabajadores argentinos.

Por otra parte, también se encuentran en riesgo las represas hidroeléctricas del Comahue, responsables de aproximadamente el 10% de la generación eléctrica del país. Avanzar en su privatización representa otro ejemplo de cesión de soberanía. Las nuevas concesiones, dolarizadas y diseñadas bajo una lógica privatista, encarecerán inevitablemente el costo de la energía para nuestras industrias, hogares y comercios.

Peor aún, los nuevos concesionarios, al cabo de algunos años, podrían disponer libremente de la energía producida, sin obligación de abastecer al mercado interno. Esto pone en serio riesgo nuestras posibilidades de crecimiento económico e industrial. Por todo lo expuesto, desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza exigimos que se revean estas decisiones que atentan contra los intereses del pueblo argentino. Sin soberanía energética, no hay desarrollo posible con justicia social.

La compañía es una de las pocas estatales con resultados positivos: en el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de $17 mil millones. 

¿Cuál sería el inconveniente para el Gobierno nacional si la empresa da superávit? ¿Qué intereses tienen para vender un alto porcentaje a capitales privados? 
Argentina ya pasó en los años ‘90 esta experiencia privatista y los resultados que tuvimos fueron servicios de mala calidad a cargo de manos privadas, donde las inversiones estuvieron ausentes y lo recaudado no quedó en el país. 

Padecemos un Gobierno nacional insensible, que solo busca el equilibrio fiscal con la gente afuera, dejando de lado la salud, los jubilados, la educación, la discapacidad y las obras públicas. 

Este Gobierno nacional debería ocuparse de la realidad social, dentro de la cual muchos argentinos la están pasando mal. 

Este modelo que lleva adelante el Gobierno nacional es el desempleo y la desunión de los argentinos.

*Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. (SiReLyF)

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