Disputa política en torno a la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices

Desde octubre del año pasado, cuando se celebró la última asamblea anual ordinaria, la Cooperativa Eléctrica Limitada de Las Perdices se encuentra inmersa en una crisis institucional, cuyos efectos aún no pueden medirse en su totalidad.

Así lo advierte el expresidente, Cristian Fernández, quien asegura haber sido literalmente despojado del cargo como resultado de una operación política en su contra y que las actuales autoridades carecen de respaldo legal.

Según relata, una moción compartida por algunos asociados presentes en la asamblea, pidió la remoción total del Consejo de Administración, argumentando acusaciones de corrupción. Aunque afirma que nunca hubo denuncias formales en su contra, esa situación bastó para que allí mismo cambiara el mando de la institución de una manera tan particular como irregular. En un “clima desvirtuado”, Fernández apuntó que ni siquiera se pasó a un cuarto intermedio, no se terminó de desarrollar totalmente la orden del día y resultó irregular la designación de los nuevos consejeros.

El directivo presentó el caso ante la Secretaría de Cooperativas y Mutuales, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Según documentación exhibida, en el pasado mes de mayo una resolución del ente provincial impugnaba la asamblea, algo que automáticamente le restituía el cargo de presidente que ostentaba desde 2009. “Me presenté con un escribano pero fue como si nada, están atrincherados en la Cooperativa”, repasó.

Preocupado por la inacción que muestra el mencionado ente en hacer cumplir su propio fallo, el exdirectivo anticipa que recurrirá ahora al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Esta instancia ya podría desembocar en una intervención con graves consecuencias para los asociados, que parecen no darse cuenta”, advierte.

En caso de producirse la situación que prevé Fernández, los servicios “secundarios” podrían verse afectados mientras perdure un proceso de normalización, que sólo priorizaría la energía eléctrica, por ser la esencia de la institución. Mientras tanto, sería incierta la prestación de telefonía, internet, gas envasado y servicios sociales, también a cargo de la institución.

A su vez, el expresidente considera que con la resolución vigente, él sigue siendo la autoridad legal de la Cooperativa y teme ser responsable ante diversas situaciones que puedan surgir y que en el contexto actual están ajenas a su voluntad y control.

A la hora de encontrar una explicación a esta sucesión de hechos que desencadenaron su salida, Fernández hace referencia a “ciertos intereses”. A partir de lo que considera una positiva gestión al frente de la Cooperativa, su proyección podría haber incomodado a otros funcionarios de la localidad.

 “Entregamos un balance con superávit de 2.800.000 pesos, con una jerarquización de obras que superaba a un Municipio en bancarrota. Eso seguramente generó un recelo político”, interpreta.

“Socialmente fui muy denigrado, me trataron de ladrón, corrupto y la sociedad compró esa cajón de manzanas podridas. Ahora con papeles en mano, intento revertir ese daño”, concluye el expresidente en la práctica, pero vigente de acuerdo a una resolución que por ahora no sale del papel.