Esta semana quedaron definidos los integrantes del Entre Promotor del Eco Parque Industrial (EPI) de Almafuerte.

Como ya se ha explicado, el mismo tendrá a su cargo evaluar la factibilidad de este proyecto presentado como una oportunidad de progreso por las autoridades municipales, más allá de  cuestionamientos de la oposición y algunos vecinos.

Su directorio estará conformado por el intendente Rubén Dagum, el secretario de Gobierno, Fernando Martínez y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Lucas Santa.

Completan el Ente, dos concejales oficialistas (Daniel Romero y Laura Irusta), un opositor (Enrique Cingolani), aunque también hay dos suplentes: Verónica Lázaro y Saturnino Clemente, quien estuvo presente en esta primera reunión.

En cuanto a las instituciones incluidas, son tres y cada una de ellas cuenta con un representante titular y también un suplente, a saber: Cooperativa de Servicios Públicos (Miguel Maldonado y Luciano Callovi), Cooperativa Agropecuaria (Gerardo Mongi y José Genta) y el Centro de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Agustín Vilariño y José Alejandro Díaz).

Si bien puede observarse un organigrama en su composición, Santa aseguró que se trata de un “equipo de trabajo” donde todos los integrantes tendrán la misma importancia.

 A su vez, agregó que cada uno de ellos puede invitar a un asesor en cuestiones ambientales, industriales, o cualquier otro aspecto que resulte pertinente.

En cuanto a su funcionamiento habrá una similitud con el Concejo Deliberante, dado que se seguirá un Orden del Día y todo quedará registrado en actas, con reuniones cada 15 días.

En este primer encuentro, se habló sobre funciones y atribuciones del Ente, además de entregarse a cada integrante, copias de la Ordenanza de Uso de Suelo 1419/13 y la Ley de Parques Industriales 7225.

Seguramente, la principal responsabilidad que tendrá, será la elección del lugar para emplazar el parque industrial. Algo que no se determinará de manera subjetiva sino en base a una planilla de puntajes y ponderación que ya está estipulada por la Secretaría de Industria de la Provincia, según explicó Santa.

Atento a esto, ya se lanzó una convocatoria para los interesados en presentar una oferta de lote. Más allá de cumplimentar una serie de requisitos en cuanto a documentación y libre deuda, el inmueble deberá tener aproximadamente 20 hectáreas y encontrarse dentro el ejido municipal.

Las propuestas se recibirán hasta el lunes 26 de julio en la Municipalidad y cualquier inquietud se puede enviar al correo electrónico: [email protected].

A pesar de la prematura instancia en que se encuentra el proyecto, su ubicación es el aspecto que más polémicas ha generado hasta el momento, sobre todo entre vecinos del sector oeste de la ciudad, alertados porque sea el sector elegido.

Santa reconoció que hay interés por parte del dueño de un campo ubicado allí, aunque afirmó que será analizado como cualquier otro lote y “mientras más opciones haya, mejor”.
Sobre el temor que genera esta alternativa en particular entre vecinos que viven y tienen sus establecimientos productivos en esa zona, el funcionario señaló que “hay falta de conocimiento y una campaña de desinformación por parte de alguna minoría”.

Al respecto, aclaró que el proceso demandará licencia ambiental, audiencia pública y recordó la existencia de la ordenanza del POUA (Plan Ordenador Urbano Ambiental), que define tanto el uso primario como permitido del suelo.

El funcionario destacó una serie de aspectos que serán evaluados para elegir el lugar de radicación, como accesibilidad, infraestructura física, correntías, acceso a servicios públicos, logística, caminos, vientos, uso del suelo, inundabilidad, saneamiento, circulación del transporte pesado, acceso a mercados y materias primas, etc.

Por otra parte, explicó que son “vidrieras de la ciudad”, ya que por su diseño le generan identidad y se acoplan perfectamente al perfil turístico que se está persiguiendo.
También aclaró que atraen a emprendedores y ciertos tipos de empresas, sin incluir la industria pesada por ejemplo, con incentivos económicos y ordenanzas que deben cumplirse a rajatabla, en relación al tratamiento de los residuos, el agua, además de compartir infraestructura y transporte, entre otras cuestiones distintivas.

Santa estima que tras la elección del lugar y su posterior aprobación por parte de la Provincia, la obra propiamente dicha podría arrancar en un año y medio.

Sobre la insistencia de la actual gestión por este proyecto que la oposición rechazó el año pasado en el Concejo Deliberante, el subsecretario de Desarrollo Urbano puntualizó una serie de beneficios.

“Con el desarrollo sostenible como política de Estado que implica calidad de vida, vamos a contribuir a generar puestos de trabajo que se están necesitando en Almafuerte y atender innumerables reclamos de vecinos que deben soportar la presencia de fábricas en el casco histórico de la ciudad”, remarcó.