Ratificaron la imputación contra directivos de una clínica privada local

El juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ratificó la imputación de los responsables de la Clínica Privada Modelo, de Río Tercero, por presunta estafa contra afiliados al Pami.

Los propietarios del sanatorio están imputados de los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación y extorsión. La investigación la lleva adelante la Fiscalía del Juzgado Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni.

Se sospecha que los imputados habrían formado parte de una presunta asociación ilícita, en una supuesta maniobra para defraudar y extorsionar a afiliados de la obra social Pami, al cobrar prestaciones médicas que por contrato eran gratuitas, según la acusación.

Los involucrados en la causa son los médicos Néstor Enrique Chali, Amado Pedro Simonelli, Federico Luis Rutis y Carlos Alberto Acornero, además de Sergio Castelari, todos responsables de la administración y gerenciamiento de la clínica privada.

Los hechos que son investigados ocurrieron entre 2016 y 2018, según la denuncia. Los afiliados a la obra social habrían sido engañados al recibir prestaciones ya que le decían que la práctica no tenía cobertura de la obra social, cuando en realidad sí la tenía. Otros afiliados denunciaron que en la clínica les habrían dicho que en caso de no pagar no se realizaría la práctica médica, por lo que terminaban abonando lo reclamado.

La causa comenzó a raíz de que afiliados afectados realizaron denuncias por teléfono al 0800 de PAMI. Luego, la delegación de Río Tercero armó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Pami (área de la Procuración General de la Nación que encauza los delitos que se dan en el marco de Pami), que posteriormente la remitió a la Fiscalía de Schianni.
Desde la Fiscalía se consignó que se promovió la acción penal en agosto del año pasado; ya fueron indagados los acusados.

Recurso

Tras la ratificación de la imputación, la defensa de los directivos de la clínica, a cargo del abogado Carlos Ríos, presentó un recurso contra esa decisión y ahora será la Cámara Federal de Córdoba la que deba decidir si continúa la investigación con  imputaciones o le dan la razón a los propietarios de la clínica