Después de realizar la cosecha en un campo que alquila en la zona rural sur de Almafuerte, distante a dos kilómetros de la zona urbana, la Cooperativa Agropecuaria de la vecina ciudad, se sumó al listado de víctimas de quienes atacan silobolsas. La institución decidió depositar allí parte de la cosecha obtenida, aunque sus autoridades admiten que nunca pensaron que podrían ser blanco de estos actos vandálicos que se repiten en distintas partes del país. De los siete silobolsas que estaban depositados en el campo dos fueron cortados y cada uno almacenaba unas 250 toneladas de maíz.

Ante la posibilidad de que ocurriera un nuevo ataque las autoridades de la Cooperativa decidieron vender la totalidad del maíz que estaba acopiado en ese campo.

 No fue el único hecho ocurrido en la zona. También fue atacado un silobolsa en un campo de la zona sur de Río Tercero, otro en Pampayasta y el hecho más grave fue el incendio intencional ocurrido en la propiedad del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel De Raedemaeker, en Oliva.

 En las últimas semanas y casi a diario se registran nuevos hechos de rotura de silobolsas en zonas rurales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. La situación preocupa entre los productores y también a las entidades que los representan. Un dato que no es menor: en lo que va del año, ya se destruyeron unos 61 silobolsas en distintas regiones agrícolas.
 

La situación se viene tornando más que preocupante a punto tal que todas las entidades de la cadena productiva -tanto en forma individual como colectiva- han denunciado estas prácticas como producto de algún tipo de ideología “anticampo”, acusando al Gobierno de “inacción” frente a los hechos.

En la zona

 “Los ataques a los silobolsas pueden ser o no hechos organizados, existen en todo del país y es difícil de determinar, pero creo que el sector ruralista se está equivocando en la comunicación de estos hechos”, sostuvo Marcos Peirone, miembro de la comisión directiva de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA). 

 El dirigente indicó que muchos de los hechos  son informados por redes sociales y “poniendo el acento en el porqué se usan los silobolsas, dando lugar a una escala de valoración del daño a partir de si es un silobolsa de soja de una gran productor o comida para un tambo”. Consideró que “se debe dejar bien en claro que es una violación a la propiedad privada, daño a las cosas y hurto en el caso de que existan faltantes. Cualquiera de esas situaciones son para la ley un delito”. 
 

Por su parte, el delegado zonal de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Roberto Bezzato (h), opinó que “algunos de los hechos ocurridos en el país parecen aislados, aunque otros, los más graves parecen coordinados” y citó el hecho ocurrido en Santa Fe donde además de dañar el silo bolsa arrojaron curasemilla sobre el cereal que ahora no podrá ser comercializado.

 “La respuesta de las autoridades es preocupante porque las declaraciones han sido muy tibias tanto las del ministro de Agricultura como las de otras autoridades a nivel nacional. No han condenado estos hechos de manera eficaz, no han sido claros, han contestado obviedades”, sostuvo Bezzato antes de que se conociera el proyecto de ley enviado al Congreso.

 Desde la Comisaría local señalaron que además de los casos mencionados anteriormente no hay denuncias por otros. Asimismo, indicaron que la Patrulla Rural continúa desarrollando su trabajo, aunque admiten que los controles deben efectuarse en un amplia zona.
 “Mucho más de lo que está haciendo el Gobierno de la Provincia no se puede hacer. Ha puesto a disposición para las Patrullas Rurales más camionetas. Se trata de áreas muy grandes difíciles de controlar”, coincidió.

Denuncias

 Desde la FAA sostuvieron que si bien “las autoridades han hecho declaraciones repudiando los hechos, lo que dice la ley es si hay un delito lo que se debe hacer es la pertinente denuncia”. E informaron que en el caso de observar movimientos sospechosos en las zonas rurales o dentro de alguna propiedad, se debe llamar a la Patrulla Rural”. Para hacerlo el teléfono al que deben comunicarse es 03571-15620313.

 En coincidencia con la FAA, Bezzato instó a los productores a efectuar las denuncias de estos actos vandálicos: “Ante cualquier hecho se debe hacer la denuncia. El productor es un poco reacio a hacerla pero no hay que dudar. Al realizar todas las denuncias también se ayuda a establecer un mapa del delito para determinar los lugares más complicados”, opinó.

El rol del estado

 “La paz social es un pilar fundamental en toda comunidad y es por ello que los ciudadanos delegamos el uso de la coacción física al estado, ningún productor agropecuario, empleado, empresario etc. se encuentra en las mismas condiciones que un miembro de las fuerzas de seguridad para el uso de armas de fuego y los resultados que pueden conllevar su uso  pueden ser catastróficos”, apuntó Peirone. Y recordó que ejemplos de tragedias con armas de fuego sobran en todas las ciudades del país. “Es por ello que la reacción del estado debe ser inmediata para garantizar la paz social y evitar posibles desgracias”, advirtió.

Reacción ante las quejas y proyecto de ley

Hace pocos días -el pasado 26 de junio- hubo una reunión virtual de emergencia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con representantes de 36 entidades de la cadena agroindustrial, para tratar -precisamente- los crecientes casos de inseguridad rural.

El encuentro no dejó demasiado para el sector. “Las respuestas fueron muy tibias y hasta obvias”, opinaron algunos. “Esperábamos de los funcionarios un compromiso más profundo para solucionar una problemática que es muy complicado”, señalaron otros. Y hubo quienes tras la reunión pidieron que “las autoridades reconozcan que puede haber ‘algo ideológico’ detrás de los ataques”.

Sin embargo, esta semana reaccionando ante los reclamos, el jueves la ministra Frederic, manifestó su "repudio categórico" a los actos de sabotaje y el vandalismo registrados en áreas rurales y campos del país y anunció que se reactivará "un área específica" dentro de la cartera que conduce con el objetivo de abordar esta problemática. Antes había señalado que “los casos de inseguridad en los campos son delitos que se investigan como tal y que no están relacionados a cuestiones ideológicas”.

En tanto, el diputado nacional y presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que castiga con hasta 5 años de prisión a quien rompe estos bolsones para el almacenaje de granos. Massa, cuyo proyecto es acompañado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FDT), propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal y sus modificatorias para que se incluya el "vandalismo rural".

"Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural", dijo Massa.