Más allá de la lógica preocupación por la evolución sanitaria del COVID-19, el impacto que sobre la economía causa el aislamiento obligatorio para frenar la circulación del virus, comenzó a calentar el debate. El Gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas paliativas para los sectores más vulnerables, aumentando para ello el gasto público. ¿Pero cuán eficaces serán para mitigar el brutal parate económico que el país sufre como consecuencia del aislamiento obligatorio?.

TRIBUNA consultó al economista Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Para el especialista las medidas son "insuficientes", al considerar que no contemplan a gran parte de la actividad registrada. 
 

 -¿Cuáles cree serán las consecuencias de la paralización de la economía del país por las medidas de aislamiento?
  -Ya tenemos una parálisis casi total de muchos sectores que no son lo que proveen servicios esenciales. Y hay una parada total de los trabajadores por cuenta propia: monotributistas y autónomos. Si esta cuarentena se alarga por mucho tiempo, puede ser muy negativo. Y hay un sector muy grande la población que está en situación de pobreza, que es más de un tercio. 

   -¿Qué ocurre con los sectores registrados, las pymes, el comercio? ¿Son suficientes las medidas que ha adoptado el gobierno?
   -Creo que no lo son. En Argentina hay unos 20 millones de asalariados, y de ese número 10 millones son formales. Unos siete millones de trabajadores están en el sector privado. Ese grupo de trabajadores y de empresas es bien heterogéneo. Las pymes están fuertemente afectadas. Las empresas no esenciales no están vendiendo hoy y no están recibiendo ingresos. Claramente van a tener problemas para pagar sus costos operativos. Y van a estar con serios problemas para pagar sueldos. Las medidas que anunció el gobierno apuntan a aliviarle la carga salarial, al menos hasta el mes de marzo. Se habla de ampliar el plan Repro (subsidio al salario para empresas en crisis). También se habla de la baja de las contribuciones patronales. No hay un detalle de cómo se van a implementar estas medidas. Y es sumamente importante que se puedan poner en práctica de manera ágil. Actuar rápido es muy importante. La situación de marzo es complicada pero se puede soportar, hay varios feriados… Pero no sabemos lo que ocurrirá en abril. Las medidas no van a alcanzar. 
 

 -En cierto modo el gobierno lo está advirtiendo al señalar que la prioridad es la salud de la población y no la economía. Sin embargo se intuye que se evalúan medidas más efectivas. 
  -Se va a tratar de evitar el cierre de empresas, apelando a suspensiones y, en situaciones más críticas, rebajas de sueldos. Tratando de proteger el factor trabajo. No hay que olvidar que rige aún el esquema de doble indemnización (por despido). Todo el sector formal de la economía la está pasando muy mal. Sobre todo las pequeñas y micro empresas. Si uno hace los cálculos proyecta gastar (para paliar la emergencia), unos 500 mil millones de pesos, contemplando créditos de bancos privados, del Banco Nación y todas las medidas como el ingreso familiar de emergencia y los bonos extras. También se anuncia unos 100 mil millones de pesos para sectores de la construcción. Frente a eso, esta última suena a que no son partidas específicas ni necesarias. Son difíciles de implementar en este contexto. Se habla de dar 30 mil pesos para 200 mil beneficiarios para refacción de hogares. En la situación en la que estamos, la construcción está en cuarentena, no puede desarrollarse. Entonces suenan extrañas esas partidas. Y paralelamente están esperando sectores que no van a estar cubiertos. O los beneficios van a ser insuficientes. El gobierno debe considerar reasignar partidas. 

   -Si bien es arriesgado aventurar un escenario futuro, ¿qué panorama imagina una vez concluida la emergencia? ¿Es posible que se replanteen aspectos, leyes y normas de la economía nacional, como la fiscal y laboral por ejemplo?
   -Todo dependerá de la duración de este acontecimiento. Cuanto más largo sea este proceso más duras serán las consecuencias. Más allá de eso, imagino al sector privado repuntando, ya que al momento de eliminar la cuarentena, el consumo se va a gatillar nuevamente. Hay consumo contenido, por el lado positivo. Pero por el costado negativo, todo esto está deteriorando aún más las cuentas del sector público argentino, que está quebrado. Las cuentas fiscales están en rojo. Los resultados de febrero ya marcan un déficit fiscal primario de casi 30 mil millones de pesos. Venimos de una situación fiscal muy delicada con su sector público al borde del default y encima está haciendo gastos extras, que no tiene cómo financiar más allá de emitir (dinero sin respaldo). Hay que pensar además que la recaudación impositiva se está cayendo. El sector público debe plantearse profundamente en qué gasta, cómo gasta y cuánto. Y qué impacto está teniendo (ese gasto) en el sector privado de la economía. 

Reformas futuras

-¿Será una buena oportunidad para discutir reformas fiscales?
   -Es una oportunidad para darnos cuenta que esta pandemia nos encontró sin recursos. Si se comparan los paquetes de medidas (por la pandemia) de Argentina con otros países, es nada lo que se está gastando. Además la mayor parte del gasto va a ser emisión. ¿Tiene sentido gastar 100 mil millones de pesos en construcción cuando está paralizada? Hay que pensar en esas cuestiones. Debe gastarse de la mejor forma. Muchos cuestionan que la ayuda de 10 mil pesos es para las categorías A y B de monotributistas, monotributistas sociales y trabajadores informales. Pero se están dejando de lado otras. En las C y D hay grupos muy importantes. En la C hay casi 200 mil inscriptos y en la D hay casi 300 mil. Estamos hablando de trabajadores que ganan entre 30 mil y 50 mil pesos por mes que se quedan fuera (de la ayuda), sin ningún tipo de apoyo. Y por otro lado están diciendo que gastarán 100 mil millones de pesos en infraestructura, cuando la economía está paralizada. De esta manera hay que analizar cómo gasta bien los recursos, que son nuestros, es parte de lo que pagamos con nuestros impuestos. Este tipo de reflexión profunda debe hacer el sector público. 
 

-¿El hecho que la crisis sea mundial, atravesando a todos los países, nos beneficia para resolver el tema de la deuda con mayor facilidad y de ese modo tener acceso al financiamiento?
 -La situación hace a la Argentina menos distinta del resto del mundo. Antes de esta pandemia Argentina era un país inusual en el escenario internacional. Pero ahora nos parecemos más y el mundo se parece más a nosotros. Esto hace que el tema de la deuda sea de menor importancia ahora. No necesariamente quiere decir que vayamos a resolver el problema, pero eventualmente podría haber cierta condescendencia del Fondo Monetario Internacional que ya ha expresado su apoyo a Argentina. Pero no creo que esto implique que Argentina pueda volver rápidamente a los mercados internacionales. Va a depender de nosotros y no del mundo.
 

 -Esperemos que esta crisis sea una oportunidad.
   -Ojalá. Hubo señales de encuentro (político) muy importantes y sería bueno que se extiendan una vez terminado este problema.  

Las medidas
   Las primeras medidas apuntaron a la ampliación del programa Repro, mediante el cual el estado se hace cargo por un año de parte de los salarios del personal de las empresas privadas en crisis. Por otra parte, dispusieron un refuerzo de 3000 pesos para los beneficiarios de la AUH, 100 mil millones de presupuesto para obra pública, 350 mil millones para garantizar la producción de alimentos, 10 mil pesos para las categorías más bajas del monotributo (A y B), renovación del plan Ahora 12, créditos bancarios, entre otros.

Pero en líneas generales no se avanzó en medidas concretas y fuertes para el sector pymes y formal de la economía, que aporta al sistema tributario, con las consecuencias catastróficas que la parálisis económica traerá aparejado. 
   Por otra parte, y a través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres por 180 días y la prohibición de desalojo por el mismo lapso.