Desde su rol de legislador departamental, Adrián Scorza salió a defender la gestión del Gobierno provincial en materia de seguridad, tras los cuestionamientos recibidos desde diferentes sectores.

Sin ir más lejos, hace algunos días, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, fue contundente al afirmar en declaraciones radiales que la política de seguridad provincial era un “fracaso rotundo”.

“Como en otros aspectos del ámbito público, las políticas que se aplican en materia de seguridad en la provincia de Córdoba son referenciales. Esta afirmación la hacemos en base a análisis de datos objetivos y también considerando la complicada situación social que deriva de una coyuntura macroeconómica aún más compleja”, replicó Scorza.

El funcionario apeló a un dato que la criminología considera importante como es la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la cual en Córdoba es de 2,2, siendo este índice de los menores para territorios políticos con similar cantidad de habitantes en toda Latinoamérica.

“Con la seguridad no se debe hacer política partidaria. Por el contrario, consideramos que es un tema muy sensible y coincidimos con los que comparten el criterio de que todos los vinculados a la función pública debemos estar comprometidos con la solución, no es responsabilidad de uno solo”, exclamó el exintendente de Almafuerte.

En ese sentido, agregó que deben compartirse esfuerzos de manera solidaria entre los estados y que el Gobierno provincial trabaja de esa manera con un criterio federal en la asignación de los recursos humanos y materiales.

Para continuar argumentando su posición con cifras, Scorza señaló que actualmente la provincia cuenta con aproximadamente 22.000 efectivos policiales. También puso el foco en la formación que ellos reciben, destacando la modificación en el plazo de la carrera en la Escuela de Suboficiales de la Policía que pasó a extenderse a tres años.

A su vez, afirmó que reciben continuamente capacitaciones de distinta naturaleza, como la Ley Micaela, sobre violencia familiar y de género, perspectiva de los derechos humanos en la función policial, jornadas sobre conductas discriminatorias, entre otras.

Scorza enumera otros aportes realizados en materia de seguridad durante el año 2022, tal el caso de 40 vehículos de seguridad ciudadana, 100 motocicletas para la Policía y la próxima entrega de otros 100 móviles, anticipó.

También destacó que las patrullas rurales recibieron 20 pick-ups y próximamente se les asignarán otras 15 más. “Éstas últimas inversiones son de carácter público privado, ya que los fondos provienen de los aportes del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es administrado de manera conjunta entre el Gobierno provincial y la Mesa
de Enlace”, explicó el legislador.

Además, comentó que está planificado distribuir en todo el territorio provincial, para avanzar con todos los sistemas de videovigilancia, más de 400 domos y cámaras, cuya adquisición está en proceso de licitación.

En referencia directa al recinto que ocupa, Scorza citó el marco legal que se genera en la Legislatura para implementar medidas y acciones concretas. Al respecto, apuntó a la aprobación de dos leyes sancionadas en diciembre de 2020 y marzo del corriente año, como ocurre con la 10.731, que establece las bases jurídicas e institucionales que permiten una evolución en el Sistema de Control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

“Este nuevo mecanismo es superador, se caracteriza por ser externo, con participación civil, siendo entonces democrático, transparente y eficaz. Es un organismo autónomo de integración interinstitucional compuesto por representantes del Ministerio Público, la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y un legislador o legisladora provincial”, explicó.

En tanto, la 10.801 contempla la inclusión de la Dirección General de Patrulla Rural en el Estado Mayor Policial de la Provincia, lo cual, “implica una jerarquización institucional de esta organización que es clave en el esquema de seguridad provincial”.

Finalmente, el legislador destacó la existencia de un Observatorio de Seguridad Ciudadana, conformado por la mayoría de las casas de altos estudios radicadas en la provincia. “Es una organización no gubernamental que tiene como objetivo recopilar, procesar, analizar y comunicar información de acceso público, oportuna, relevante y de calidad que pueda ser tomada como base para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas sobre seguridad”, concluyó.