“Casi un tercio de la población carcelaria está relacionada con la violencia familiar”

Locales 14 de mayo de 2022 Por Tribuna
Entrevista a Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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Semana tras semana los medios de comunicación locales reportan casos de personas que son condenadas por abusos sexuales. En la mayoría de los casos se trata de hombres cuyas víctimas son, de forma casi excluyente, niñas y adolescentes y en un porcentaje más bajo mujeres adultas, ubicándose después varones. Muchos de estos casos ocurren en un marco de violencia familiar también. En una visita realizada a los Tribunales de Río Tercero, TRIBUNA dialogó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Sebastián López Peña, quien abordó el tema.

-Particularmente en la sede local de Tribunales, en los últimos meses fueron varios los condenados por delitos contra la integridad sexual de menores. ¿Cómo se puede dar una respuesta judicial efectiva ante estos casos?
    -La delincuencia sexual es un problema transversal a toda la sociedad. Hay muchas sedes en donde esta problemática se vislumbra de manera más pronunciada. Creo que hay, en primer lugar, un problema que es cultural, cuestiones que tienen que ver con idiosincrasias muy arraigadas, sobre todo en sectores marginales de la sociedad, aunque es un problemática que afecta a todos los sectores sociales. En algunos de estos sectores existía décadas anteriores cierta naturalidad en este tipo de delito, al igual que con la violencia familiar, y esa naturalización llevó a que durante muchos años no haya una política de estado o una respuesta judicial simplemente porque los hechos no se conocían. Hoy tenemos muchos más hechos de abusos, y ni hablar de los de violencia familiar donde casi un tercio de la población penitenciaria tiene que ver con este delito. En lo personal no creo que existan hoy más casos que antes, creo que se visibilizan mucho más, y esto está dado por cambios culturales y políticas de estado no solo del poder judicial -fiscalías y fuero especializados en violencia sexual y de género-, sino también del estado. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado la curva de inflexión para ver disminuir los casos. A medida que se vaya concientizando y educando en derechos a la población y la gente vaya adquiriendo la conciencia de qué está bien y qué está mal para la ley, la población va a venir al poder judicial a requerir una respuesta.

-¿Y la Justicia está preparada para dar esa respuesta?
    -A veces esa respuesta va a colapsar; nos pasa con el tema de la violencia y no es exclusivo de nuestro país. Lo he vivido en España donde de forma permanente se incorporaban más recursos y seguía colapsando el sistema. Pero esto no tiene que hacer que como institución del estado perdamos el norte de que es nuestra obligación hacerlo sin importar si las consecuencias nos van a redundar en un “perjuicio laboral”. Es necesario que esto se sostenga durante muchos años porque es la única manera en que podemos llegar a prevenir algún día estos casos, es decir, que dejen de acontecer y no que sean sancionados.

-¿Y cómo se pueden prevenir estos casos?
    -Haciendo eficaz la ley. Si la gente sabe que si comete un delito va a ser penado, ese es el mayor poder disuasorio. No hay que bajar los brazos en esta tarea de concientizar en derecho por más que esto nos implique, seguramente, una mayor tarea para nosotros.

-¿Es suficiente el recurso humano y técnico que tiene el Poder Judicial para hacer frente a estos delitos?
    -Nunca son suficientes y es un problema global.Vivimos en un estado de derecho que implica un régimen de garantías que nos protegen a todos, no solamente al delincuente, frente al poder coercitivo del estado, y lo que tenemos que lograr es un mix entre celeridad y garantías. Son dos conceptos que entran en pugna, porque a mayor garantía menos celeridad y viceversa. Quizás hoy estamos en un proceso hipergarantista que requiere de mayor celeridad y por allí de borrar algunos mecanismos del ámbito procesal que permitan avanzar sin perder el núcleo duro de lo que son esas garantías. Se trata de eficientizar los recursos que tenemos. De todas formas soy un convencido que con un 40 por ciento de pobreza no hay respuesta judicial que pueda satisfacer, es imposible. Mucha de la prevención pasa por mayor salud, educación, trabajo. Es muy difícil pensar en satisfacer eficientemente estos recursos en un marco de pobreza y de crisis estructural como la que vivimos.

Freno a los delitos
-¿Cree que bajando la edad de imputabilidad se podrá obtener algún resultado en la disminución de los delitos?
    -No creo que sea la solución para evitar que los hechos pasen. Sí podemos discutir si en determinados supuestos, sobre todo en aquellos que se acercan a la edad, pueden tener algún grado de madurez que los haga igualmente imputables que a un mayor. No creo que la prevención del delito pase por lograr mayor punición como tampoco creo aumentando los montos de las penas se logre disuadir al delincuente de delinquir.

-¿Qué opina acerca de esa sensación compartida que tiene gran parte de la sociedad de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra?
    -Más que una sensación es una impresión basada en algunos datos objetivos, en algunos casos donde el sistema claramente ha fallado. Estos casos afectan muchísimo la imagen de la Justicia y por ende la confianza de la población en ella. Creo que hay que tratar de evitarlos porque por otro lado, los números macro, dicen lo contrario: indican en los últimos 10 ó 12 años un aumento del 100 por ciento de la población carcelaria que es mucho más que el aumento de la población común. Vemos un aumento en el número de sentencias y condenas que no se condice con la “puerta giratoria”.

Justicia empática
-Al asumir en este último período como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, hablaba de la necesidad de generar mayor diálogo con la ciudadanía, de generar empatía. ¿Cuál es la propuesta para generar esto?
    -Una justicia más cerca, que se dirija hacia el interior de la ciudadanía, una justicia que tenga una política de recursos humanos como la que tenemos, donde factores como la disponibilidad, la accesibilidad, la empatía hacia los problemas sea un factor determinante a la hora de elegir funcionarios, y que la función de ellos involucre también una tarea que si bien no está escrita en ningún reglamento ni ninguna ley, es primordial para el sector público. Hay programas como el de Referente Judicial Comunitario, que de los 8 mil agentes judiciales tiene involucrados a mil, y que es ad-honorem y se hace fuera del horario de trabajo. Este programa implica el acceso público a los datos que la ciudadanía debe conocer por parte  de funcionarios y empleados judiciales que van hacia los lugares que son referenciales en cada comunidad: iglesias, clubes sociales, parroquias, etc. Este programa se aplica en toda la provincia y se está comenzando a visualizar más en el interior que en la capital.     

-¿En la sede de Río Tercero se está trabajando con este programa? ¿En qué ámbitos?
    -Sí. Un primer aspecto del programa en los referentes es la búsqueda de datos; esto tiene que ver con el “gobierno de datos”, es decir, tomar decisiones en base a la recopilación de datos fidedignos que van desde los que se obtienen en el expediente electrónico a datos de la propia casuística. Lo que debemos hacer es juntar los datos, porque en base a ellos luego se desarrollan mejores programas.

Visita a los Tribunales de Río Tercero

En el marco de la política institucional que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, sus integrantes visitan una vez por mes algunas de las 10 circunscripciones judiciales. Esta semana, los magistrados encabezados por el presidente del TSJ, Sebastián López Peña, estuvieron en los Tribunales de Río Tercero. “La idea es tomar contacto con la realidad y las necesidades de cada circunscripción”, señaló López Peña, quien compartió la jornada con los magistrados locales.

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