La Federación Agraria Argentina resolvió realizar asambleas en distintos puntos del país, en las que se relevarán y enumerarán las necesidades y propuestas de los productores. Esos informes luego serán presentados en la asamblea que se llevará adelante en la localidad santafesina de Alcorta en el mes de febrero, tal como lo propuso el presidente de la entidad Carlos Achetoni, en el encuentro de productores de Armstrong realizado semanas atrás.

En esta región, los productores también se encuentran en estado de alerta. Aunque por el momento no está previsto que se realicen asambleas en la zona, agropecuarios han manifestado su intención de concurrir a estos encuentros “para hacer oír las protestas”.

En la primera sesión del año del Consejo Directivo de la FAA, los federados coincidieron en que la gran sequía profundizó las dificultades que los productores arrastran desde hace años: la alta presión impositiva, la crisis de las economías regionales, y la creciente brecha existente entre los altos costos de producción en dólares, lo que se percibe por la exportación, liquidado en dólar oficial, y lo que se vende en pesos en el interior del país.

También se mencionaron los problemas de infraestructura, la falta de seguros multirriesgo, la insuficiencia del fondo de emergencia, el impacto de la inflación y la falta de previsibilidad, entre muchos otros factores que se sumaron a los efectos de la crisis económica general y la pandemia. “Todo esto complica el presente y el futuro de los productores federados y afecta más fuertemente a los que conforman las economías regionales”, señalaron desde la Federación.

En el comienzo de 2022 el malestar del campo hacia el Gobierno nacionbal es cada vez más grande, en medio de una sequía que impacta de lleno en la campaña de cultivos de verano, pero también en la ganadería, la lechería y las producciones regionales. En este contexto, los productores persisten en su pedido de menor presión impositiva y que se finalice con la intervención oficial en los mercados de la carne vacuna, maíz y trigo.

Al planteo realizado por los integrantes de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), desde la representación de Córdoba de la Mesa de Enlace señalaron que la señal política y económica que necesita el campo en medio de la fuerte sequía que afecta a las diversas regiones productivas, es la eliminación de los derechos de exportación, las retenciones. “Pisotean su presente y condicionan su futuro y el de todos los argentinos. Todo lo demás es puro relato”. expresaron en un comunicado.

Además, manifestaron su repudio “al manejo político que el Gobierno nacional pretende imprimirle a la angustiante situación de falta de lluvias que padece el productor agropecuario en todo el país, montando escenas artificiales de un supuesto acompañamiento condescendiente”.

Al respecto, comentaron que el anuncio del largamente demorado aumento del Fondo de Emergencia Agropecuario, “es disfrazar de asistencia lo que en realidad no es más que la insignificante disminución de un castigo que asfixia desde hace 20 años a la producción agropecuaria nacional y que transforma al Estado en el verdadero opresor del campo argentino. Se intenta confundir a la opinión pública y vuelve a mostrar el menosprecio con el que se considera al productor agropecuario”.

En relación a la presión impositiva sobre el campo, se conoció en las últimas horas la iniciativa de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el diputado por Santa Fe, Federico Angelini, que piden bajar a 0% los derechos de exportación al maíz y la soja que se encuentran en zonas que fueron declaradas de emergencia agropecuaria, por la ausencia de precipitaciones, las altas temperaturas y los incendios.

Rechazo a la intervención
Uno de los principales malestares del sector agropecuario obedece a la política de intervención del Gobierno en los mercados de exportación de la carne vacuna, el trigo y el maíz. Al respecto, esta semana se sumó un nuevo rechazo a la idea del ministerio de Agricultura de crear un fideicomiso de trigo y maíz, con el objetivo de compensar con dinero a las empresas molineras y avícolas, por el impacto que en su estructura de costos tienen el trigo o el maíz.

Los integrantes de Coninagro, entidad que forma parte de la Mesa de Enlace, señalaron que el costo total del fideicomiso se trasladará al productor a través del precio del maíz y del trigo en su totalidad, ya sea para mercado interno como de exportación.

“No queda claro cómo se distribuiría, pero implicaría un monto por tonelada consumida en el mercado interno. Estamos hablando de 3.900 pesos por tonelada de trigo y 1.500 pesos por tonelada de maíz que se destine al consumo en mercado interno, lo que sumaría 14.645 millones de pesos. Otro tema es cómo se resuelve el tema precios congelados con la secretaría de comercio, ya que ese es el origen de este problema”, dijo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto