Pese a las advertencias de la Provincia acerca de la profundización de los controles, las multas y las posibles imputaciones penales a quienes violen las nuevas restricciones, no será sencillo hacer cumplir el cierre de locales gastronómicos, gimnasios y natatorios hasta el 25 de octubre.

Una rebelión incipiente de estos rubros asoma en el segundo día de restricciones (el primero fue el lunes pero por el feriado no se pudo constatar en forma fidedigna, aunque en Río Tercero la mayoría trabajó).

En medio de ese panorama, ya son cada vez más los intendentes que comienzan a cuestionar las medidas, por apuradas y carentes de consenso. Y a la vez por tener que hacerse cargo de los controles en sus jurisdicciones, tal como lo establece la disposición provincial. 

Si bien el Municipio de Río Tercero informó ayer que el decreto provincial, que interpreta el DNU nacional sobre las nuevas restricciones en seis departamentos de Córdoba incluido Tercero Arriba, está jurídicamente vigente en esta ciudad, destacó en un comunicado que “sin dudas no es con medidas arbitrarias que se soluciona el problema”, más allá de volver a insistir con el cuidado personal, el uso del barbijo y la distancia social para evitar contagios. 

Tanto es así, que el intendente Marcos Ferrer indicó que el Gobierno nacional está enfrascado en una estrategia única que no da resultado. 

Y si bien admitió que la forma de bajar los contagios es disminuir la circulación personal, entendió que las medidas restrictivas no se pueden tomar de un día para otro y sin hacer partícipe al sector que se le pide “un sacrificio”.

En declaraciones al diario La Voz del Interior, Ferrer concluyó que “no queda ya margen para solo imponer”.

En ese marco, se conoció hoy que la Provincia instruyó a la Policía a profundizar los controles, y le requirió a la Justicia que apoye ese trabajo.