Fabricaciones Militares, y dentro de ella la planta estatal local, asume desde este año una gran oportunidad de despegue, modernización y crecimiento. Sin variar la esencia para la que fue creada hace 77 años, el Estado nacional modificó su régimen jurídico y la transformó en una Sociedad del Estado. Comenzará a regirse, de ese modo, como una empresa con control estatal y dejará de lado su equivocado perfil de organismo público sostenido con el dinero de todos.

La Fábrica Militar de Río Tercero está ante una gran oportunidad de dejar atrás décadas de incertidumbre y derrumbe, y de enfrentar a sectores que se oponen a su transformación por el solo hecho de no resignar privilegios que pagamos todos los contribuyentes de la Nación.

Los cambios fueron plasmados en el decreto 104/19 publicado el pasado viernes 1 de febrero en el Boletín Oficial. El objetivo de la nueva organización será avanzar en "la investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química y metalmecánica".

Uno de los puntos salientes del decreto, es que reconoce la necesidad de reactivar la producción para la defensa y la seguridad. Pero para ello es imprescindible crear un horizonte de desarrollo, investigación y creatividad, para sumar nuevos productos y tecnologías. Sería descabellado insistir, por ejemplo, con la adecuación de armamentos ya caducos en el mundo, y no proyectar aquellos que las fuerzas armadas modernas en todo el mundo utilizan desde hace años.

Como Sociedad del Estado, FM "podrá comprar, vender, permutar, importar o exportar bienes y servicios, y realizar toda otra actividad que resulte necesaria para la consecución de su objetivo".

En ese marco, el decreto plantea la negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo para su personal, que deberá regir dentro de 180 días. Es importante destacar que no se tata de empleados públicos y que deben ajustarse a las condiciones de productividad que rijan la empresa, tal como lo vive el sector privado. En este punto no debe haber diferencias entre lo público y lo privado. Es más, sería ese marco una gran chance para discutir un nuevo orden laboral que termine quizá con los contratos temporales y otorgue a sus trabajadores derechos no establecidos en ese régimen, como la indemnización por despido.

La transformación no es caprichosa, y apunta a lograr una empresa "competitiva" y "eficaz". Muy claramente lo plantea el decreto del presidente Macri. "La Dirección General de Fabricaciones Militares tiene sistemáticos y recurrentes problemas de competitividad, así como serias dificultades económicas y financieras que derivan en conflictos para acceder competitivamente a los sectores público y privado, y costos excesivos con la consecuente necesidad de disponer de cuantiosas partidas presupuestarias en cada ejercicio anual, sosteniéndose con fondos públicos las pérdidas operativas que se generan, lo que priva a otros sectores críticos de contar con los fondos necesarios para su correcto desenvolvimiento", señala.

El cambio supone lograr las "condiciones que permitan superar dichos problemas e inconvenientes", encarando "su reestructuración, procediéndose a su transformación a efectos de asegurar una mayor eficiencia y eficacia operativas en su accionar; considerando en especial la necesidad de adecuarse a los requerimientos actuales de los sectores público y privado a los que suministra sus productos y servicios".
Con el nuevo marco jurídico se asegurará "el objeto para el que fue creada de un modo competitivo y asegurando una actuación transparente en el mercado y una mayor agilidad en sus procesos de toma de decisiones".

Las modificaciones apuntan a fijar "un marco jurídico que posibilite la reorganización administrativa, contable y financiera de dicha Dirección General, con el propósito de facilitar su operación con un nivel de dinamismo, eficiencia y economicidad comparables con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado con incidencia en el ámbito de la producción de materiales para la defensa y la seguridad".

Por ahora el accionista mayoritario será el Estado nacional a través del Ministerio de Defensa, pero no se descarta otra participación, que facilite inversiones que no terminen ocasionando pérdidas al erario público como ocurre en la actualidad. Si bien el déficit fue disminuido en forma significativa con un crecimiento sostenido de la facturación, aún en 2019 el Tesoro Nacional deberá acudir en auxilio de un rojo de 694 millones de pesos entre sus cuatro plantas: Fray Luis Beltrán, Río Tercero, Villa María y Jáchal.

En síntesis, se avecinan etapas de imprescindible "reestructuración organizativa acorde a los tiempos actuales para afrontar las necesidades de investigación, desarrollo y producción de materiales para la defensa y la seguridad".

Fabricaciones Militares encara un nuevo escenario, acorde a las reglas del mercado y del siglo XXI. Fue motor del desarrollo de Río Tercero y la región, y podría seguir siéndolo si todos sus actores se enfocan en trabajar, con esfuerzo y dedicación, dejando de lado absurdas posiciones que no hacen más que retroceder el calendario hacia otras realidades que deben ser ya observadas con la lupa de la historia, para evitar repetirlas.

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