En los próximos 60 días el Concejo Deliberante analizará un nuevo marco regulatorio para habilitar ferias o eventos de establecimientos comerciales foráneos. El cuerpo deliberativo se impuso ese plazo mientras aprobó una ordenanza suspendiendo de manera extraordinaria las habilitaciones para la realización de ferias organizadas por comercios que no sean de Río Tercero. 

Fue la reacción política ante el reclamo del comercio local, que consideró la realización de una feria de la marca Agustino como una competencia desleal. Ese espacio, con precios rebajados de indumentaria y calzado, estará abierto hasta el 12 de mayo en el predio Juana Manso, ubicado en la calle Paula Albarracín, y fue habilitado por la Municipalidad.

La norma, sancionada sobre tablas el jueves, plantea que “se evidencia la necesidad de dictar, reformular y actualizar el marco jurídico bajo el cual se desarrollan actividades comerciales, de comerciantes que no poseen domicilio fiscal permanente en el ámbito local”, resaltando que “la ocurrencia de este tipo de habilitaciones, en el actual contexto de crisis económica genera inestabilidad, incertidumbre y preocupación entre los empresarios, comerciantes y emprendedores de la localidad”.

El Concejo entendió que “según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ordenanza Tarifaria vigente, la realización de este tipo de eventos transitorios requiere del dictado de un instrumento normativo específico”.

En efecto, ese artículo de la Tarifaria indica que “las ferias francas y las ferias comerciales de comerciantes de otras jurisdicciones, serán materia de una Ordenanza específica”. Es decir que hay una ausencia de normas y parámetros en materia tributaria para este tipo de emprendimientos.

En ese sentido, el concejal Pedro Bossa del bloque oficialista indicó que “se ha generado un movimiento de comerciantes preocupados ante la situación de quedar ante una desventaja competitiva importante con respecto a esta feria”.

“Desde el Concejo Deliberante no tenemos la facultad para suspender o revocar una autorización, que se hizo en el marco legal correspondiente, avalado por la legislación”, dijo Bossa.

Sin embargo, para el concejal esta situación “no deja de presentar una problemática que afecta a los vecinos de Río Tercero y al sector comercial”.

Los concejales han mantenido reuniones con el sector comercial, y el tema concluyó en la suspensión de las habilitaciones desde el 13 de mayo y por 60 días, “parea sentarnos y desarrollar una ordenanza que sea lo más acorde posible a la situación y al contexto actual. Que beneficie a todos y no solamente al comercio local o al comercio foráneo”, expresó el edil.

“Mi postura no es cerrar la ciudad, no alambrarla. Muy lejos de eso, pero atendiendo a la situación económica actual que atraviesan los comercios de la ciudad con todo lo que implica para el movimiento de la ciudad, tenemos que estar atentos y llegar al mejor resultado posible en consenso con ellos”, indicó.

“A la vez -siguió- la institución que los representa tome cartas en el asunto, se involucre y represente de una manera responsable, porque hasta este momento siempre ha estado ausente”, advirtió. 

Los comercios afectados pudieron reaccionar con el lanzamiento de ofertas y promociones.

Dentro de la polémica se expresó también el presidente del Concejo y exintendente, Alberto Martino, quien dijo que él hubiera habilitado la feria pero nunca por diez días. “Es una locura”, señaló. El concejal es propietario de un comercio de indumentaria en el centro de la ciudad.

Ante la inminente apertura de la feria de Agustino, la nueva conducción del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero, emitió un duro comunicado en defensa de sus asociados, y reclamó que la Municipalidad revocara la habilitación comercial para funcionar. El reclamo se realizó en conjunto con el gremio mercantil AGEC, que nuclea a los trabajadores del rubro.

"Nos llama particularmente la atención, el momento en el cual se ha procedido a esta habilitación, que los comerciantes del Rubro Indumentaria están iniciando la temporada invernal, con stocks renovados y adquiridos, mayoritariamente en base a endeudamiento de cortísimo plazo, sumado a que el sector viene atravesando una profunda y continua recesión con incrementos de costos fijos”, expresó el CeCISA.

"Desde nuestra institución ponemos en alerta al Municipio y a la ciudadanía en general de los efectos nocivos que tendrá en la economía local la realización del evento. Podemos afirmar que la misma traerá aparejado una mayor y significativa caída del consumo en comercios locales, lo que conllevará a una disminución en el empleo directo e indirecto, como también en la recaudación tributaria municipal, provincial y nacional, afectando
negativamente a los otros sectores de la actividad económica local”, añadieron.

"En caso de no ser aceptada la presente solicitud, y en pos de mantener la instamos a que procedan a notificar a todos los organismos de contralor impositivos, laborales y otros para que garanticen la equidad de las condiciones en el funcionamiento del evento", concluyeron desde el CeCISA.

Efecto competencia
Al haber cumplimentado con todos los requisitos, el Municipio no respondió al pedido de la entidad gremial empresaria.

Sin embargo, se generó una gran movida entre mas de 100 comercios locales, que organizaron una feria propia de descuentos y promociones en sus propios locales. 

Los comercios locales lanzaron descuentos y promociones con la misma gráfica utilizada por la feria de Córdoba