El Juicio Penal (Nova Tesis), es el título del nuevo libro del abogado penalista Carlos Ríos. 

Se trata de un trabajo exhaustivo y minucioso, que le demandó al prestigioso profesional del derecho y activo colaborador de TRIBUNA, varios años de trabajo.

El libro aborda y profundiza con rigor, “las formas sustanciales del juicio que han sido estudiadas de acuerdo con lo que considero son sus aspectos más sobresalientes, dentro de un examen más general al que permite un ordenamiento determinado.  Mi intención es brindar un panorama aproximado del estado actual de la doctrina y la jurisprudencia -sobre todo de la Corte Suprema- en una materia sumamente vasta, donde suele reinar la casuística”, según lo plantea.

El trabajo, que será presentado en las próximas semanas en Río Tercero, se editó en dos tomos, que reúnen en total, 988 páginas. Presenta comentarios, reflexiones, análisis y aporta información acerca de un aspecto medular del derecho procesal penal y constitucional.  

   -¿De qué trata el libro concretamente?
   -El libro es el producto del trabajo de más de una década y trata sobre el juicio penal, abordado desde sus elementos esenciales: la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia que, según lo ha señalado la Corte Suprema Suprema de Justicia de la Nación desde tiempos remotos, son formas sustanciales del juicio; o sea componentes que de ningún modo pueden faltar en el proceso penal, donde uno acusa, otro se defiende, todos tratan de probar lo que dicen y el juez, finalmente, dicta la sentencia en base a lo alegado y probado. Cada una de estas formas tiene un desarrollo propio en la legislación, doctrina y jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que me pareció interesante abordar el juicio penal desde esos elementos, enmarcado todo en la garantía del debido proceso. El libro tiene una finalidad práctica, pero no he querido descuidar el rigor teórico de cada enfoque, desde la perspectiva constitucional que comprende -además de la Constitución, naturalmente- los tratados internacionales de derechos humanos que hoy tienen plena operatividad en el país.  En todo proceso penal hay una tensión permanente en el interés del Estado en descubrir la verdad de lo sucedido para aplicar la ley - condenando o absolviendo según el caso- y los derechos fundamentales de la persona que deben ser resguardados. El primero de ellos, claro está, es la presunción de inocencia. Nadie, sometido a un juicio, debe probar que es inocente, sino que es el que acusa -fiscal o querellante- quien debe demostrar la culpabilidad. De esta presunción se desprenden una serie de garantías que son seguridades para todos los habitantes de la Nación. El libro se ocupa de esas garantías, mostrando cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y su posible desarrollo hacia el futuro. 

-¿Qué característica remarcaría de la obra?
   -He desarrollado puntos de vistas críticos en muchos temas y, seguramente, se prestarán para la polémica, como por ejemplo en el juicio por jurados que, tal como está regulado en Córdoba, me parece una equivocación. Yo estoy a favor del jurado, pero no en su versión cordobesa donde el sistema pierde su esencia al exigir la motivación de las sentencias. Trabajé mucho en torno al juicio oral porque soy un convencido de que es la forma más adecuada de juzgar a una persona. Pero la práctica judicial lo ha ido desvirtuando. En la medida que fui descubriendo los vicios que lo degradan, los he señalado. Después, claro está, hay temas sumamente polémicos: el derecho a no declarar contra sí mismo, las requisas, los allanamientos, etc., que los tribunales abordan con mayor o menor amplitud y es difícil establecer estándares adecuados. Debe prestarse atención a la evolución del concepto de acusación y las facultades que va adquiriendo el querellante particular. Sobre eso he trabajado bastante. Y hoy no se puede hablar de debido proceso si no se contemplan los derechos del niño, la perspectiva de género y los delitos de lesa humanidad. 

-¿Por qué fue editado en dos tomos?
    -La obra quedó demasiado extensa y por eso el editor decidió sacarla en dos tomos. No es posible abarcar todo ni agotar cada tema, pero al menos insinúa los principales tópicos que pueden resultar de interés para el abogado, el juez o el investigador. 

-¿Cómo le gustaría que sea juzgado su libro? 
   -El esfuerzo que uno pone para escribir una obra como ésta es, ciertamente, mucho. Se le quita tiempo a la familia, al descanso e incluso a la propia profesión. Pero es algo que considero un deber si se está en condiciones de hacerlo. Es mi respuesta a un desafío que hace ya muchos años hizo José Luis Clemente (exvocal de la Cámara del Crimen de Río Tercero), sin duda el decano y pionero:  hacer investigación jurídica desde el interior, desde una ciudad como Río Tercero que exige cada vez más preparación en los operadores del Derecho. Clemente demostró que se podía y uno siente la responsabilidad de seguir construyendo, de estudiar todos los días un poco más, con la humildad de sabernos ignorantes, para contribuir a un mejor servicio de justicia y mejorar la calidad de nuestras instituciones. Y en cuanto a la crítica, me gusta el debate; creo en la diferencia de ideas y criterios: en la discusión está la evolución del conocimiento. Señalar los errores de la obra -que seguramente son muchos- es para mí motivo de satisfacción porque significa que alguien se ha interesado por el tema propuesto, lo ha estudiado y ha llegado a la conclusión que mi punto de vista no es el correcto. Si me convenzo de eso, habré ganado mucho. En el libro hay muchas rectificaciones de opiniones que tuve en algún momento y algún colega o la misma experiencia me han demostrado el error. Si, en cambio, voy a insistir en mi postura, tendré que esmerarme más para sortear los argumentos opuestos.